El exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) ha rechazado hoy los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que aprecia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto a la actuación de un asesor suyo, y ha apuntado que un informe jurídico avalaba su decisión.
Fuentes del entorno del exalcalde han explicado a Efe que un informe emitido por el secretario jurídico del patronato de la Fundación DeSevilla consideraba que el asesor Domingo Enrique Castaño inició el 16 de septiembre de 2007 el disfrute de un excedencia "que le fue tácitamente concedida y que permanecía en ella".
Cuando Monteseirín decidió el 26 de mayo del 2011 la vuelta de Castaño a la Fundación, se limitó, como presidente de la entidad, a indicar que "se materializara ese reconocimiento de derecho con la reincorporación" del asesor, han agregado las fuentes.
Tras los posibles delitos apuntados por el TSJA, el caso pasó a reparto y ha recaído en el juzgado de instrucción 14 de Sevilla, que ha comenzado las actuaciones sobre los indicios de los posibles delitos del exalcalde.
Monteseirín, alcalde durante doce años, decidió el reingreso de Castaño a la Fundación unos días antes del anuncio del ERE de la fundación, según ha informado el alto tribunal en un comunicado.
La Sala de lo Social del TSJA ha desestimado el recurso presentado por Castaño en el que solicitaba una mayor indemnización de la recibida por parte de la Fundación DeSevilla como trabajador que se vio afectado por el ERE.
Los magistrados del TSJA consideran que el despedido fue procedente y objetivo y por tanto no hay derecho a una mayor indemnización que la recibida por el sueldo estipulado de 35.000 euros anuales.
Ahora será el juzgado de instrucción 14 de Sevilla el que determine si lleva el caso o si hay otros juzgados en la ciudad que estén investigando sobre los acusados en hechos similares, lo que provocaría la acumulación de los procesos.
La Fundación DeSevilla había pedido en diciembre pasado que Monteseirín declarara como imputado después de que el TSJA considerara que incurrió en un posible delito en la readmisión de Castaño en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla).
Una vez liquidada la fundación, Castaño fue despedido cuando ya gobernaba el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), y obtuvo la indemnización por despido objetivo de 1.698,99 euros, y por el preaviso incumplido 1.273,75 euros, todo ello tras una aportación extraordinaria del Ayuntamiento.
