La Universidad de Sevilla (US) ha cifrado en 111 millones de euros la deuda que la Junta de Andalucía mantiene a día de hoy con la institución académica, que por otro lado mantiene un débito con proveedores de 39,6 millones de euros, siendo las facturas más antiguas de finales de julio.
Así lo refleja el rector de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano, en el apartado de Gerencia de un informe elevado al Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre y que en lo que respecta a este factor, según han confirmado a Europa Press fuentes de la US, mantiene los mismos parámetros. De hecho, el rector subraya en dicho informe que en estos momentos la situación de tesorería "vuelve a ser negativa".
En su informe de gobierno de 2014, que Ramírez de Arellano presentó el pasado mes de noviembre, la Universidad de Sevilla sí apuntaba a la existencia de una "leve" mejoría en su situación económica y financiera respecto a ejercicios anteriores, adquiriendo en este sentido una postura que, entre otros aspectos, exigía a la Junta andaluza la prórroga del modelo de financiación para el año 2015, así como su "estricta" aplicación, con una financiación operativa para las diez universidades públicas andaluzas de 1.135 millones de euros.
En el informe, la Hispalense, asimismo, proponía a la comunidad autónoma que los ajustes económicos derivados de una menor disponibilidad de recursos no supongan 'tocar' la financiación operativa, idea reiterada por el propio rector en algunas de sus intervenciones.
También se requería al Ejecutivo para que cuanto antes se inicien los trabajos al objeto de negociar y aprobar un nuevo modelo de financiación, y se aboga por un Plan de Tesorería que disminuya la 'asfixia' económica derivada de la falta de liquidez y posibilite una adecuada planificación de los pagos.
Recordaba el informe que mientras el primer periodo del modelo de financiación (2002-2006), en el que la Junta comprometió al Sistema de Universidades Públicas Andaluzas el 0,96 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, sí vio cumplido este compromiso, en la segunda etapa (2007-2011) no se cumplió el que se destinara el 1,05 por ciento del PIB, llegándose, como mucho, al 1,031 por ciento en 2010 --146,8 millones de euros--.
RETRASOS "SIGNIFICATIVOS"
El segundo modelo está prorrogado con el compromiso de que la financiación operativa a percibir por cada universidad resultará del cumplimiento de los correspondientes contratos programa y de las disponibilidades presupuestarias.
En 2013 y 2014 sí se alcanzó el 1,05 por ciento del PIB, con 146,9 y 140,8 millones, respectivamente. De 2012 a 2014 hubo una afección por la aplicación del Plan Económico y Financiero de Reequilibrio, que ha implicado una reducción global hacia las sedes universitarias públicas de 122 millones de euros anuales.
Así, la situación económica afectó a la comunidad universitaria en la medida en que se dieron retrasos "significativos" en la disponibilidad de los recursos económicos por la falta de liquidez, así como una dificultad para elaborar unos presupuestos "en equilibrio". Los trabajadores sufrieron una reducción de retribuciones y pérdidas de poder adquisitivo y se ha demorado el pago a los proveedores.
