Los trabajadores despedidos al no ser subrogados en el nuevo contrato de mantenimiento y conservación del parque periurbano de La Corchuela, cuya titularidad ostenta en un 76 por ciento el Ayuntamiento de Sevilla, siguen esperando que el Consistorio solucione su situación dado que su no subrogación "incumple" el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. En paralelo, avisan de que ya han "impugnado" por la vía Social su exclusión del nuevo contrato.
Antonio, uno de los trabajadores afectados, ha explicado a Europa Press que si bien el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a asumir los derechos y obligaciones laborales de las entidades a las que relevan en este tipo de servicios y contratos, el consorcio que gestiona el parque periurbano de La Corchuela, cuya titularidad ostenta en un 76 por ciento el Ayuntamiento de Sevilla, un diez por ciento la Diputación, otro diez por ciento el Consistorio de Dos Hermanas y un ucatro por ciento el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, licitó el nuevo contrato de conservación y mantenimiento del parque mediante un pliego de condiciones que obligaba a la empresa adjudicataria a subrogar sólo a uno de los empleados.
Después de que la empresa adjudicataria del nuevo contrato, "una filial" de Bormujardín XXI, subrogase sólo a este único empleado, los seis restantes han caído en el desempleo, por lo que celebran cada día una protesta a las puertas del Ayuntamiento, principal propietario del parque, para reclamar una solución.
Dado que el mencionado contrato fue promovido por el anterior Gobierno municipal del PP, los trabajadores explican que el nuevo Gobierno local socialista, a través del consorcio del parque periurbano de la Corchuela, estaría negociando una solución con la empresa adjudicataria, mediante una posible "modificación" del contrato, si bien recuerdan que "la empresa ha aceptado el contrato con unas condiciones concretas" entre las que no figura su subrogación.
Pero de todas formas, exponen que dado que les ampara el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, han "impugnado, denunciado" su no subrogación ante los juzgados de lo Social, por lo que confían en recuperar de un modo u otro sus puestos de empleo.
