La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto nuevamente a la petición de los anteriores responsables de la Fundación 'DeSevilla' para que el juez que investiga las presuntas irregularidades en dicha fundación impute en la causa al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), a toda su Junta de Gobierno, a los patronos que aprobaron las cuentas anuales de 2008, 2009 y 2010, y a otros responsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Ministerio Público elevó a principios de septiembre un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, cuyo titular es Juan Gutiérrez Casilla, en el que se opone a la petición planteada el pasado día 8 de junio por los anteriores responsables de la fundación, que han solicitado en varias ocasiones, sin éxito, la imputación de Sánchez Monteseirín en esta causa.
Y es que, hasta ahora, la Fiscalía de Sevilla y el juez han rechazado cada una de las solicitudes para que se impute a Monteseirín en esta investigación.
En el escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los anteriores responsables de la fundación realizaron esta petición tras analizar el informe pericial elaborado por 'KPMG' y a fin de conseguir "el adecuado avance y buen fin de la investigación" frente a la actuación de los abogados de los imputados, que "se limitan a presentar escritos y recursos dirigidos únicamente a ralentizar y entorpecer la investigación de los hechos".
En su informe, ratificado hoy ante el juez, los peritos de KPMG que analizaron las cuentas de la entidad concluyen que la fundación destinó "más del 70 por ciento" de las ayudas recibidas para programas de cooperación internacional a gastos de personal, que sólo en 2008 ascendieron a 1,1 millones de euros para un grupo de 27 trabajadores vinculados políticamente a Izquierda Unida, aludiendo además a la presunta responsabilidad de Monteseirín y el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) en cuanto al conocimiento de la situación económica de la Fundación.
La fundación asegura en su escrito remitido al Juzgado que las subvenciones investigadas fueron aprobadas por unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno local y "en la inmensa mayoría de las ocasiones sin ser tenidas en cuenta las observaciones o reparos hechos" por el interventor municipal José Miguel Braojos.
El informe pericial explicaba que el expediente 98/08 se componía de 13 proyectos, de los cuales siete no se llevaron a cabo y el resto se realizaron parcialmente, sin embargo el dinero recibido por la Fundación fue "gastado, no justificado y además no ha sido devuelto, a pesar de haber renunciado a esa subvención".
Por ello, DeSevilla solicitó que se tomara declaración como imputados, ante la "existencia de sobrados indicios y datos acreditados", a los asistentes a la Junta de Gobierno del 20 de abril de 2011, en la que figuran además de Monteseirín, Torrijos (IU), que ya está imputado en la causa, Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez.
AYUDAS SIN JUSTIFICAR
En relación con los expedientes de subvención 19/2006 y 37/09, la fundación asevera que "basta una simple lectura" de los mismos "para observar claramente su paralelismo con el expediente 98/08 y la comisión de hechos delictivos de la misma naturaleza en torno al mismo".
El expediente 19/2006, según la fundación, tuvo su origen en un convenio suscrito el 6 de julio de 2007 entre Alberto Moriña, como delegado de Cooperación a Desarrollo, y Domingo Enrique Castaño, como representante de la fundación, siendo Moriña "el proponente a la Junta de Gobierno Local de la aprobación de la concesión de una subvención de cooperación directa por importe total de 150.000 euros para la ejecución de los proyectos que contenía el expediente".
"Finalmente, las cantidades otorgadas en el expediente 19/06 y en el 98/08 no se justificaron", dice la fundación, que indica que "la falta de justificación del primero de ellos "era uno de los motivos de oposición del interventor a la aprobación del expediente 98/08", dándose la circunstancia de que "miembros de la Junta de Gobierno Local que dieron por concluso este último expediente sin apertura de reintegro son coincidentes, tales como Moriña, Sánchez Monteseirín o Rodrigo Torrijos", lo que "hace si cabe más grave su forma de actuar aún conociendo esta circunstancia".
Por todo ello, pidió al juez que tome declaración como imputados a Alberto Moriña y Domingo Enrique Castaño y que se amplíe la imputación al exdirector general de la fundación Miguel López Adán (IU-CA), que permanece imputado en esta causa junto a Torrijos y a Carlos Vázquez, que fuera secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento.
