Sin previo aviso, la Policía Nacional ejecutó en la mañana de ayer la orden del juzgado de Instrucción 22 de Sevilla y desalojó a los dos inquilinos -Juan y Valentín- que aún quedaban en la calle Macasta, denunciados por impago de rentas por el dueño de la vivienda. No hubo contactos entre el juzgado y los servicios sociales, aunque éstos tuvieron que aplicar el protocolo de urgencia previsto y realojar a los dos afectados en el centro de acogida municipal Miguel de Mañara, donde permanecerán hasta que se encuentre una solución definitiva, que en el caso de Juan pasaría por asignarle una plaza en una residencia concertada de la Junta de Andalucía.

Según el relato de la concejal de Participa Sevilla, Cristina Honorato, en esta ocasión no hubo aviso previo del juzgado y en el tercer intento, la Policía ha consumado el desahucio de la vivienda. Fueron los propios vecinos de Juan y Valentín los que avisaron a los servicios sociales, que reactivaron el protocolo antidesahucios de urgencia puesto en marcha el 22 de septiembre, cuando se paralizó el último intento de desalojo.

Con golpes en la puerta desperaban  a Juan Bautista y a su compañero de residencia, Valentín, que habían dejado de pagar la renta del piso, cuentan, engañados por el propietario del inmueble, Ángel Abascal, que les conminó a no abonar nada hasta que comenzara la rehabilitación del edificio, que se encuentra en muy mal estado de conservación.

Los operarios, tras el desalojo de personas y enseres, procedieron a tapiar ventanas y puerta de la vivienda, mientras en la puerta se mezclaba el dispositivo policial que cortaba los accesos con los afectados, los concejales de Participa y la prensa.

Las reacciones

El desahucio consumado ha cogido de sorpresa a los afectados pero también a los servicios comunitarios, que no habían sido alertados por el juzgado de la forma en la que se iba a llevar el desalojo. El Ayuntamiento volvía a reactivar el protocolo antidesahucios, que en esta ocasión le ha buscado una ubicación temporal a los dos afectados, realojándolos en el centro de acogida Miguel de Mañara. Pero su respuesta no ha convencido, ni de lejos, a Participa Sevilla ni a IU.

De hecho, Cristina Honorato, presente en la calle, ha responsabilizado directamente a Juan Espadas por no mediar entre el propietario y los afectados. Honorato ha recordado que hace dos semanas le volvió a proponer al gobierno local “la creación urgente de una mesa de diálogo para que propietarios y afectados no tengan que llegar hasta la ejecución del desahucio y se pueda contar con una mediación municipal”.

En opinión de la edil de Participa Sevilla, “el Ayuntamiento no actúa para evitar los desahucios como se estipuló en el acuerdo de investidura, sino que hace un papel subsidiario de apagafuegos cuando se entera de un desahucio. A día de hoy estamos muy lejos de lograr una Sevilla libre de desahucios, muy lejos de lograr protocolos eficaces de actuación ante los desahucios”.

Similar reacción ha tenido el portavoz de IU, Daniel González Rojas, que ha apuntado que este desahucio demuestra que “ni la oficina antidesahucio existe ni ese protocolo está funcionando”, incidiendo en la falta de coordinación entre el juzgado y los servicios sociales.

Según González Rojas, “sólo se necesita que el Ayuntamiento se siente con el Decanato para que el Ayuntamiento sepa de los levantamientos y desahucios”, un documento que propuso CCOO y que ya se aplica en otras ciudades.

Rojas también ha recordado que esa ciudad libre de desahucios es uno de los acuerdos de investidura y ha reclamado una oficina antidesahucios “con espacio físico, presupuesto y personal”, para garantizar ese espíritu.

Ante estas críticas, el Ayuntamiento ha defendido su protocolo antidesahucios. Según el delegado de Bienestar, Juan Manuel Flores, una vez que “hemos tenido constancia de que el juzgado iba a hacer efectivo el desalojo de este edificio, se ha puesto en marcha todo el dispositivo de soporte para estas personas que ya teníamos previsto”.

Flores ha recordado que “el gobierno no puede intervenir en una decisión judicial, pero sí puede hacer lo que hemos hecho: poner a disposición de los afectados los recursos municipales disponibles para que no se queden en la calle”.

“Todo lo que este Ayuntamiento pueda ofrecer va a estar al servicio   de   personas   afectadas   por   una   orden   de   desahucio   para   resolver   su situación”, ha indicado el delegado.