La Fiscalía de Sevilla ha presentado este martes una denuncia contra el jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Rafael Carretero, por las irregularidades detectadas en el montaje de la Feria de Abril de 2014 y 2015.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal jefe, María José Segarra, atribuye delitos de cohecho y malversación tanto a Carretero como a los responsables de las empresas Ferrovial-Agroman, la unión temporal de empresas (UTE) formada entre RMD y Coyma Fiestas, Alquileres Quitasol S.L. y A.E.M Vázquez S.L..
El Ministerio Público recuerda que fue un arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores quien denunció ante el Ayuntamiento que en la ejecución de los contratos relacionados con la Feria de 2014 había "numerosas discrepancias entre las obras y servicios previstos y lo realmente ejecutado en cada uno de ellos (abono de trabajos no realizados, duplicidad en el abono de un mismo trabajo, trabajos no justificados, o trabajos realizados por operarios sin titulación)".
Según expone la Fiscalía, dicho arquitecto señaló "como conocedor de esas discrepancias a su jefe", Rafael Carretero, e indicó que "por motivos de escasez de personal y tenerse que dedicar a labores ajenas a sus funciones específicas", había estado firmando las certificaciones de obras en años anteriores "sin comprobación, confiando plenamente en la gestión de su superior hasta los expedientes de Feria 2014".
Al hilo, la Fiscalía explica que en ninguna de las siete certificaciones de obras de la Feria de 2014 consta la firma del denunciante, ya que éste "se niega a firmar las certificaciones debido a la disconformidad que detecta entre los trabajos que se han realizado y lo que se está pretendiendo abonar, y así se lo hizo saber" a Carretero, "abonándose todas ellas pese a ello".
"IRREGULARIDADES" EN LA FERIA DE 2015
En relación a la Feria de 2015, destaca que en las certificaciones de obras relativas a estructuras modulares y tubulares "se puede comprobar cómo Carretero, que firma como jefe de los servicios técnicos (que se trata de un puesto inexistente), firma también como técnico director de las obras", que era el puesto que ocupaba el arquitecto denunciante en la Feria de 2014 y anteriores.
Todo ello, añade el Ministerio Público, "pese a continuar el mismo estado de irregularidades conocidas por el Ayuntamiento y que dieron lugar a la puesta en conocimiento de la Fiscalía y los mismos reparos por la Intervención, realizando así Carretero una doble firma validando la corrección de las certificaciones".
En este sentido, indica que el técnico de Intervención del Ayuntamiento relató que en los expedientes de obras de 2015 referentes a estructuras modulares, estructuras tubulares, ornamentación eléctrica y mantenimiento de pavimento "ha seguido detectando numerosas irregularidades iguales a las denunciadas sobre 2014", de manera que "el Servicio y la Sección Técnica de Fiestas, advertidos suficientemente de las irregularidades, han proseguido con la misma dinámica".
Seguidamente, Segarra afirma que, en el marco del expediente de información reservada incoado en el Ayuntamiento tras recibir las denuncias del arquitecto técnico, el asesor técnico de la Intervención emitió un informe del que "se extraen algunas conclusiones relevantes".
En este sentido, resalta que el funcionario denunciado "firma como jefe de los Servicios Técnicos, puesto inexistente en el organigrama del Ayuntamiento, y asume la incoación y tramitación de la totalidad de los expedientes de obras, servicios y suministros, independientemente del carácter técnico o administrativo de los mismos", lo cual "parece ser una irregularidad administrativa asumida por el Ayuntamiento en la tramitación de las certificaciones de obras de la Feria".
ACTUACIONES "DE DUDOSA LEGALIDAD"
Además, el asesor técnico de la Intervención alude a "la reiteración de irregularidades de carácter administrativo que se suceden sin dar cuenta de las mismas al órgano superior y con un aparente desuso total de la ley de contratos del sector público y del procedimiento administrativo, falta de transparencia entre lo proyectado y la realidad ejecutada, además de errores materiales y aritméticos, así como actuaciones que pueden ser de dudosa legalidad".
Asimismo, finaliza el informe afirmando que la proyección a la totalidad de los contratos y de las unidades de obra "supondría una cuantía significativa de dinero que está siendo aparentemente gestionado al margen de la normativa vigente", añadiendo que a su juicio "se estaría hablando de un 2,5 por ciento de desviación en las cuantías de los expedientes, que teniendo en cuenta que el montante contratado supera los 3.000.000 euros, sería de 75.000 euros".
A juicio de este asesor técnico, esta cuantía "podría ser perfectamente extrapolable a los años anteriores, dado el carácter repetitivo de los expedientes y coincidencia en las cuantías de las certificaciones", agregando que en los expedientes indicados por el denunciante "se han detectado posibles duplicidades y/o abonos en demasía o no justificados".
A continuación, la Fiscalía expone las conclusiones a las que ha llegado tras su investigación, señalando que "se ha tenido conocimiento que todos los años, y como contraprestación a la intervención de Carretero, que asumía la regularidad de todas las facturaciones presentadas sin objetar volúmenes o duplicidades ni controlar la ejecución, las empresas beneficiadas por la ejecución de estas contrataciones realizaban servicios gratuitos para el mismo".
TRABAJOS DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS EN LA CASA DE CARRETERO
De este modo, la Fiscalía destaca que "determinados empleados enviados por Ferrovial, adjudicataria de las obras de montaje, desmontaje y alquiler de estructuras modulares y obras de instalación de estructuras tubulares, han realizado trabajos a lo largo de distintos años (incluido 2014) en distintos inmuebles particulares de Carretero", y más en concreto trabajos de pintura, carpintería y de electricidad, cambio de mobiliario, trabajos de poda, limpieza, mantenimiento y pintura de piscina, "siendo todos los gastos ocasionados por cuenta" de Ferrovial.
Además, y según expone la Fiscalía, estos empleados de Ferrovial "han efectuado trabajos en el montaje y desmontaje de las dos casetas de que dispone Carretero en el recinto ferial durante todos los años con materiales nuevos de Ferrovial", que "asumía el suministro de cajas de vino (manzanilla) durante todos los días de la feria de todos los años en esta caseta".
A continuación, la Fiscalía analiza el expediente por el que el Ayuntamiento acordó un contrato de servicios cuyo objeto era el 'Servicio de vigilancia, información y control por personal especializado durante la preparación y funcionamiento de las fiesta de la ciudad para el año 2013 y siguiente', adjudicándose el servicio de vigilancia para 2013 y siguientes a la UTE RMD Y Coyma.
El arquitecto denunciante cuantificó la diferencia de horas facturadas-realizadas en 2014 en 25.286,40 euros, pues, "en vez de prestar el servicio de vigilancia de cuatro horas, se realizaba en hora muy inferior, si bien a cambio dicha empresa aporta durante la feria un vigilante de seguridad a la caseta particular de Carretero, a cargo del presupuesto municipal", a lo que se suma que la empresa ponía a disposición del denunciado, "para su uso indiscriminado y sin gasto alguno, un coche sin distintivos y un conductor".
"El acuerdo interno de Carretero con el representante de la empresa adjudicataria radica en no solicitarles control alguno de las horas efectivamente prestadas, firmando el conforme con dichas facturaciones sin realizar por su servicio comprobación alguna", asevera Segarra.
