Un juzgado ha multado a la mina Cobre las Cruces, ubicada en Gerena (Sevilla), a pagar 194.996 euros por 19 infracciones urbanísticas que ha cometido por la construcción de distintas edificaciones, según ha informado hoy Ecologistas en Acción.
La sentencia del juzgado 14 de lo contencioso administrativo de Sevilla ha confirmado casi en su totalidad el decreto de la Alcaldía de Gerena de 17 de mayo de 2013 contra la mina.
El Ayuntamiento impuso una multa de 206.996,97 euros por 23 infracciones urbanísticas en las instalaciones del complejo minero hidrometalúrgico, y el juzgado anula la sanción respecto a cuatro de ellas porque se consideran prescritas, añaden los ecologistas.
Por otra parte, el portavoz de minas de la asociación ecologista, Antonio Ramos, ha informado de que la sección tercera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para septiembre de 2017 el juicio oral contra tres altos directivos de Cobre Las Cruces, nueve años después de que la Fiscalía elevara al juzgado la denuncia que ellos presentaron.
En este caso, la Fiscalía de Sevilla ha pedido cinco años y medio de cárcel para tres directivos de la mina Cobre Las Cruces por contaminar con arsénico el acuífero que suministra de agua potable a varias localidades y por la "dinámica de incumplimiento" de las autorizaciones recibidas.
La Fiscalía de Medio Ambiente recuerda que Cobre Las Cruces recibió en el 2003 autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para sus operaciones de drenaje e inyección de aguas en sus instalaciones mineras situadas entre las localidades sevillanas de Gerena, Guillena y Salteras.
La dinámica de la empresa fue un "número importante de incumplimientos", según la Fiscalía, y entre otros en julio del 2006 inició la extracción de aguas y su inyección en el acuífero "sin haberse aprobado el acta de reconocimiento de las obras".
Entre otros riesgos, la CHG detectó concentraciones de arsénico superiores a las permitidas, pese a ser una sustancia declarada peligrosa en el Decreto correspondiente, con el correspondiente peligro de que pudiera contaminar el acuífero Niebla-Posadas, del que se abastece el consumo humano en diversas poblaciones de la provincia de Sevilla, según recuerda la Fiscalía.
A su vez, la CHG apreció una detracción ilegal de aguas, derivada del incumplimiento de la obligación de mantener un equilibrio entre los volúmenes de agua extraídos e inyectados, que en los primeros meses del 2007 llegó al ser inferior al 43 % del previsto.
Los costes de restauración ambiental por los daños provocados se cifran en 285.069 euros, según afirman los ecologistas antes de apuntar que la responsabilidad civil solidaria ara los tres acusados asciende a 322.382 euros.
Asimismo, fue detectada en el 2006 una inyección de aguas de un sector en otro, lo que estaba prohibido por las condiciones aprobadas, lo que la empresa "intentó justificar a posteriori en un documento de 14 de febrero de 2008".
La CHG confirmó también la existencia de balsas de captación y acumulación de aguas sin licencia que habían provocado "una grave alteración del natural discurrir de las aguas, impidiendo la expansión de las avenidas, con posibles daños a personas, bienes y medioambiente", dice la Fiscalía, que recuerda que todo ello vulneraba la Ley de Aguas y el correspondiente reglamento.
En el juicio, están imputados François F., consejero delegado de Cobre Las Cruces hasta septiembre del 2010; a William T.W., encargado de aguas subterráneas y superficiales hasta agosto del 2008; y a María Paz C.S., entonces directora del departamento de Medio Ambiente de la mina.
El fiscal les imputa un delito contra el medio ambiente, con una petición de cuatro años de cárcel, y otro delito de daños, con una condena aparejada de un año y medio.
