El director del Grupo La Raza y presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de Sevilla, Pedro Sánchez-Cuerda, ha pedido este miércoles al Ayuntamiento hispalense que "atienda" el recurso de reposición que formulará contra la resolución que declara la caducidad de la concesión administrativa, derivada de un arrendamiento, gracias a la cual el restaurante La Raza funciona en un espacio del parque de María Luisa. En caso contrario, avisa de un litigio por la vía Contencioso Administrativa.

En una rueda de prensa celebrada junto al también empresario del grupo José Ignacio de Rojas, Sánchez-Cuerda ha dado cuenta mediante la lectura de un escrito elaborado por sus abogados, de que este pasado 2 de mayo expiró la última prórroga que regía sobre el contrato de arrendamiento suscrito en 1972 entre el Ayuntamiento como titular del recinto del restaurante, en una esquina del parque de María Luisa, declarado bien de interés cultural (BIC), y José Rodríguez Cala como fundador del negocio, tratándose de un contrato que había venido prorrogando anualmente.

En ello incide el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento hispalense de extinguir los contratos de arrendamiento de locales de negocios formalizados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, conforme a lo recogido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Y es que según Pedro Sánchez-Cuerda, mientras en la mayoría de los casos se reconoció a los arrendatarios de cada espacio en cuestión un derecho "preferente a continuar" en tales locales pero a través de un "nuevo arrendamiento", respecto a cinco espacios de titularidad municipal, entre ellos el correspondiente al restaurante La Raza, se consideró que se trataba de "concesiones administrativas al recaer sobre bienes de dominio público y no bienes patrimoniales", acordando en ese sentido "que la concesión finaliza cuando termina la prórroga en curso", en este caso el pasado 2 de mayo.

EL ANTECEDENTE DE 1985

El director del grupo hostelero La Raza, en ese sentido, expone que aunque en 1985 el Ayuntamiento emprendió una revisión de oficio de este arrendamiento al entender que el espacio del restaurante es un bien de dominio público y por su naturaleza no cabía un arrendamiento convencional, con la idea de convertir dicho contrato de alquiler en "una concesión administrativa", dicho procedimiento habría sido "archivado" y el contrato de arrendamiento "se mantuvo", por lo que los directivos de La Raza interpretaban que el mismo "era correcto".

"Las consecuencias de ese error no pueden recaer ahora exclusivamente sobre el titular del contrato de arrendamiento", ha reivindicado Pedro Sánchez Cuerda, quien expone que en breve formalizará un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, contra la resolución que declara la caducidad de la concesión administrativa derivada del contrato inicial de arrendamiento. En dicho recurso, la empresa pedirá la suspensión de la resolución y alegando que allá por 1972 las concesiones administrativas "se daban por 50 años", se reclamará aplicar como mínimo dicho plazo o el actual de 75 años y que esta concesión expire como muy pronto en 2022.

En ese momento, según el empresario, sí sería pertinente que la concesión administrativa del espacio del restaurante saliese a concurso público, momento en el que el grupo La Raza "sin lugar a dudas" pujaría por ella para conservar el aprovechamiento del recinto.

"SALVAR LA RAZA"

El empresario, así, ha defendido el carácter "histórico" y referente del restaurante La Raza, así como la plantilla que depende del negocio, y ha reclamado al Ayuntamiento que "atienda" su recurso de reposición, porque hay "fórmulas" para impedir el cierre de este espacio. "El restaurante La Raza es una seña de identidad. No nos podemos plantear el cierre en ningún caso. Aún hay tiempo para salvar La Raza", ha enfatizado, invocando incluso a la Virgen de la Macarena.

En caso de no prosperar dicho recurso de reposición frente al Ayuntamiento, el empresario avisa de que el conflicto derivará en un litigio por la vía Contencioso Administrativa, solicitando en primer lugar la suspensión cautelar de la citada resolución municipal.