Más de un millar de indignados vecinos de Pino Montano se echaron a la calle el pasado fin de semana en demanda de mayor seguridad tras diversos delitos sufridos a lo largo de este verano por algunos residentes y que han causado alarma entre el vecindario, un temor que algunos desaprensivos han tratado de incrementar sembrando las redes sociales con mensajes de odio. La preocupación en Pino Montano por la inseguridad se une a la expresada por vecinos de la Macarena y, en la pasada primavera, de Bellavista, distritos tradicionalmente de mayoría socialista.
El gobierno local respondió en primera instancia a esta inquietud vecinal con el argumento de que en realidad no había un problema de inseguridad, sino más bien una “sensación” de inseguridad, y se apoyó de forma genérica y sin descender al detalle en las estadísticas, según las cuales el número de hechos delictivos había disminuido en Sevilla.
Casualidad o coincidencia, en vísperas de la manifestación celebrada en Pino Montano se divulgó la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2017, según la cual en Sevilla y su provincia se incoaron un total de 92.133 diligencias previas, frente a 94.155 del año 2016. Por tanto hubo un descenso del 2,15%.
Los jueces sevillanos dictaron 10.097 sentencias, con predominio de las relativas a seguridad en el tráfico (un total de 3.553), robos (2.396), lesiones (1.305), administración de justicia (767), orden público (554) y tráfico de drogas (238).
Percepciones
Así pues, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, cuya titular es la ex fiscal jefe de Sevilla María José Segarra, avala con datos objetivos la tesis de los responsables del orden público, desde Celis como delegado del Gobierno en Andalucía hasta Cabrera como delegado de Seguridad del Ayuntamiento, de que no ha habido un incremento de la delincuencia en Sevilla y que la reacción vecinal se debe más a una “sensación” de inseguridad que a inseguridad propiamente dicha.
Sin embargo, y los políticos parece que todavía no han acabado de comprenderlo, la realidad no acaba siendo tal como es, sino tal como se percibe, se cree o se siente. En un símil económico, los datos macroeconómicos indican que España ha salido ya de la peor crisis de la historia reciente, provocada por la caída de Lehman Brothers y que con su efecto dominó sumió a nuestro país en una recesión que ha durado un decenio, pero ¿cuál sería la reacción de los más de 70.000 sevillanos de la capital y de los casi 200.000 de la provincia que se encuentran en el paro si se les traslada ese mensaje sobre el final de la crisis y la entrada en la era de la recuperación? ¿Cuál sería la reacción de esos otros sevillanos que tienen un trabajo precario que no les da para llegar a fin de mes y la de esos jóvenes que se vieron condenados a emigrar y que no pueden aún hacer planes de retorno?
Por mucho que los datos macroeconómicos dibujen una España resurgida de la crisis, la percepción/sensación para todos ellos será la contraria, porque se ven inmersos en la misma situación anterior. Mutatis mutandis, por mucho que Celis, Toscano y/o Cabrera se amparen en estadísticas objetivas que reflejan menos hechos delictivos en el conjunto de Sevilla y una delincuencia digamos de tipo menor (delitos contra la seguridad vial, robos, tráfico de drogas…), los barrios más afectados o que han sufrido en las carnes de algunos de sus vecinos hechos violentos como nunca anteriormente seguirán sintiendo, y expresando, sensación de inseguridad, reaccionarán conforme a ese sentimiento y creerán que hay mayor inseguridad.
Alunizajes
Recordemos que este verano se cometieron quince espectaculares delitos de alunizaje en tan sólo siete días en centros comerciales (desde el Nervión Plaza hasta el Factory del aeropuerto), en acciones de menos de tres minutos que dejaron coches empotrados, persianas metálicas reventadas y cristales por doquier, tras lo cual se supo que había al menos una decena de bandas de aluniceros operando en la ciudad. La Memoria de la Fiscalía General del Estado que se conocerá el año próximo incluirá estos alunizajes entre los miles de robos que se habrán registrado en Sevilla, pero los fríos números no reflejarán el grado de alarma social y la sensación real de inseguridad que provocaron durante el mes de agosto.
Cuando también en la víspera de la manifestación de Pino Montano cae la banda denominada del Tripi, especializada en desvalijar naves industriales de Sevilla y provincias limítrofes, y se conoce que se necesitan veinte camiones de gran tonelaje para sacar de los almacenes el material que había robado por valor superior al millón de euros no se puede invocar la estadística para tratar de minimizar los problemas o desautorizar las protestas vecinales.
La clase política ha tardado en comprender que debe dar respuesta a esas inquietudes, por muy subjetivas que les parezcan, y cuando lo han hecho le han dado, al menos indirectamente, la razón a los vecinos de Pino Montano y de la Macarena.
Mesa policial
Hubo que esperar hasta el día 11 de septiembre para que, según la nota oficial, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento acordaran la creación de un dispositivo conjunto de análisis y seguimiento semanal centrado en la seguridad de los barrios de la ciudad que permita una mayor coordinación entre la Policía Nacional y la Local, tanto en la prevención y presencia en las distintas zonas como en la respuesta ante cualquier situación que se pueda producir.
“En este encuentro -decía el comunicado del Ayuntamiento- se ha evaluado la sensación de inseguridad existente en zonas de la ciudad como Pino Montano o la Macarena que, pese a no corresponderse con los datos de delincuencia, que han experimentado un descenso en este último año y que se encuentran por debajo de la media de la ciudad, sí requieren una respuesta adecuada por parte de las administraciones”.
Ya era hora de reconocerlo oficialmente. Más vale tarde que nunca. Y por eso se crea “un mando profesional de primer nivel, con reuniones semanales de análisis específico de cada uno de los barrios que determinen cómo deben articularse los dispositivos en función de la realidad de las distintas zonas de la ciudad. Desde este mando conjunto se planificarán semanalmente, en función de las denuncias y los datos recabados de los dispositivos, las actuaciones que deben realizar en los días siguientes, de forma que se consiga dar una respuesta más coordinada y reforzada en los distintos barrios de la ciudad”.
Gracias a las protestas vecinales se va a lograr que las Policías se reúnan semanalmente y que se coordinen entre ellas bajo un mando profesional, algo que dábamos por supuesto porque parece de sentido común pero que resulta que no se hacía, o al menos con esa frecuencia.
El programa
La operación policial de cierre y registro del Vacie, donde fue detenida una persona reclamada por la Justicia e identificadas otras 33, también ha sido una tardía respuesta oficial a las inquietudes de los barrios colindantes, donde casi cuatro años después de la llegada de Espadas a la Alcaldía sigue sin desplegarse esa fuerza policial de proximidad prometida por el alcalde en su programa electoral, aunque a su delegado Cabrera le parezca ahora una “propuesta-trampa” (Javier Millán “dixit”). Sería entonces señal de que ni siquiera se leyó el programa con el que el PSOE, de cuyas listas formó parte, concurrió a las pasadas elecciones municipales.
La medida número 69 de las promesas de Espadas dice lo siguiente: “Reestructuración de la organización de la Policía Local para avanzar en la disponibilidad de la Policía de barrio”.
El gobierno local dirá que no ha podido crearla porque por mor de la tasa de reposición cero y la crisis no hay suficiente número de agentes en Sevilla, pero cuando Espadas redactó su programa electoral (2015) ya sabía que desde 2012 no se convocaban ofertas de empleo público, por lo que habrá que recordarle que él mismo dijo que no haría ninguna promesa que no pudiera cumplir.
