El
PP municipal y
Adelante Sevilla elevaron ayer la
presión sobre el Gobierno de
Juan Espadas en relación a la
gestión y las consecuencias del
brote de listeriosis provocado por los productos de la empresa
Magrudis. El brote empieza a estar controlado desde el punto de vista sanitario, pero se recrudece en el ámbito político.
Frente a las críticas de la oposición, el portavoz municipal,
Antonio Muñoz, defendió nuevamente la labor de la plantilla municipal y
denunció la “falta de respeto” del PP hacia los funcionarios con el propósito, a su juicio, de “aparecer en una foto y llamar la atención”.
El Gobierno siguió defendiendo que ha actuado “con total transparencia, rigor y lealtad en esta crisis alimentaria”.
Fue el portavoz de los populares,
Beltrán Pérez, el que dio ayer un paso más en la escalada del PP contra el equipo municipal, afeándole al alcalde no haber tomado
“medidas urgentes” con las que
“cerrar la puerta” a más “fraudes” alimentarios, en alusión a todo lo que rodea a la crisis protagonizada por los productos comercializados por la empresa sevillana Magrudis.
“Espero que no haya más Magrudis en la ciudad”, manifestó, tras insistir en que la falta de medidas de corrección dejan “margen” para posibles nuevos fraudes.
Beltrán Pérez, en rueda de prensa tras la primera reunión con su equipo municipal tras las vacaciones, reclamó la comparecencia pública de Juan Espadas, sin descartar “ningún otro mecanismo institucional” al alcance de la oposición, con el fin de que en Sevilla “se garantice la seguridad alimentaria”.
Adelante Sevilla, por medio de su portavoz,
Susana Serrano, sí concretó esos posibles mecanismos institucional con los que pedir responsabilidades al Gobierno municipal. Solicitó una
comisión de investigación con la que poder aclara el “papel” del Consistorio en el brote, dado “el grave fallo de los protocolos de seguridad y la cadena de errores” a la hora de supervisar el funcionamiento de la empresa, cuya actuación está ya en manos de la Fiscalía tras las denuncias de la Junta como y el Consistorio.
Serrano tachó de “inadmisible” que Magrudis haya podido estar en funcionamiento durante años “sin contar siquiera con la licencia municipal de actividad”.
En esta misma línea, el líder de la oposición municipal, Beltrán Pérez, abundó en su acusación contra el alcalde de “negligencia” y eximió de cualquier responsabilidad a los funcionarios del servicio de inspección. De hecho, el PP calificó de “inadmisible, irresponsable e impresentable” que Juan Espadas no haya reforzado de manera inmediata el cuerpo de inspectores sanitarios. Frente a los 150 técnicos que tiene la Junta, lo que permite una ratio de un técnico por cada 8.000 habitantes,
el Ayuntamiento dispone de 13 inspectores, lo que se traduce, según los cálculos del PP, en
un técnico por cada 54.000 habitantes.
“La responsabilidad no es de los funcionarios. El problema está en la cantidad de personal”, subrayó Beltrán Pérez, que preguntado sobre si este cuerpo de inspectores se ha reducido o mantenido con respecto al mandato del exalcalde Zoido, con el que compartió tareas de gobierno, dejó claro que “si había un déficit en el servicio, el alcalde Juan Espadas ha tenido cuatro años para solucionarlo”.
El PP tachó la actitud del alcalde de un “acto de cobardía”, así como lo
acusó de haber “ocultado” información a la Junta. “Debe ser decisión de la Junta si denuncia o no” esta posición del Gobierno municipal ante las pruebas y su difusión. Pérez puso el acento en los “incumplimientos” más graves de Magrudis. En primer lugar, la ausencia de licencia de actividad durante tres años y el hecho de que en 2016, cuando se le hizo la primera inspección, “no se detectara por parte del Ayuntamiento que no tenía dicha licencia” y que, en 2018, se le dé dicha licencia con una declaración responsable que “nunca debió admitírsele”.
