La sociedad Myblu Spain SL, tras rechazar el Gobierno su solicitud para que se retire o modifique la campaña institucional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ‘El tabaco ata y mata. En todas sus formas’, estudia llevar el caso a los tribunales “ante los mensajes falsos que transmite al considerar el vapeo como un acto de consumo de tabaco”.
El tabaco es una planta que contiene nicotina. Mientras, el vapeo puede tener o no nicotina, pero nunca tabacoMyblu considera que a pesar de que en la contestación oficial a su solicitud que recibió por parte de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional de Presidencia del Gobierno se reconoce "efectivamente que los dispositivos para vapear no son tabaco", se ha desestimado la solicitud de cesación o rectificación de la citada campaña.
Entiende que esta decisión genera una grave confusión entre los ciudadanos "en temas tan trascendentales que afectan a la salud, además de atentar contra el derecho constitucional de los españoles a recibir información veraz", por lo que no descarta recurrir a los tribunales para que Sanidad "deje de difundir mensajes engañosos".
La sociedad indica que en la respuesta del Gobierno se aporta un informe del Ministerio de Sanidad que califica a los cigarrillos electrónicos como “productos relacionados” con el tabaco, sin llegar a considerar que sean tabaco, "tal y como, por el contrario, da a entender la campaña al situar estos dispositivos al mismo nivel".
Añade que Sanidad justifica el contenido de la campaña y la confusión que genera “por necesidades propias del lenguaje y su carácter limitado no puede tener carácter exhaustivo sino de tipo sintético”.
Myblu manifestó que reconoce la plena legitimidad del Ministerio de Sanidad a desarrollar campañas institucionales para alertar de los riesgos para la salud que se derivan del consumo del tabaco y que ese departamento está en su pleno derecho de informar "veraz y rigurosamente" de posibles incidencias en la salud del uso del cigarrillo electrónico con la dosis reglamentaria de nicotina, que la normativa española y europea "delimita muy claramente", y de los distintos productos que se utilizan en la deshabituación del tabaco.
"Pero resulta inadmisible", añade, "que en un asunto tan esencial como el que afecta a la salud se mienta y se anteponga el criterio publicitario a los datos científicamente demostrados. Asimismo, la información falsa y confusión que transmite la campaña de Sanidad es un ataque muy grave a una industria, la del vapeo, que genera empleo y riqueza, a la vez que en España y Europa sigue los más altos estándares de información y el más escrupuloso respeto a la legalidad". Para Myablu, al comparar el vapear con fumar e identificar el vapeo con otras formas de consumo "muchísimo más perjudiciales para la salud, como es el tabaco", se incurre en un acto de denigración institucional de incalculables consecuencias.
Afirma que es un hecho contrastado científicamente que vapear no es fumar. "El tabaco es una planta que contiene nicotina. Mientras, el vapeo puede tener o no nicotina, pero nunca tabaco. Uno de los objetivos de buena parte de los usuarios de los cigarrillos electrónicos es dejar el tabaco, por lo pueden incorporar una cantidad reglamentaria de nicótica, siempre inferior a la del tabaco, para combatir la ansiedad durante el proceso de deshabituación. Esas cantidades se van reduciendo paulatinamente hasta lograr vapear sin nicotina. Cada vez son más los estudios científicos que aportan datos rigurosos sobre los efectos del vapeo, que es considerado un riesgo un 95% menor que fumar", expone esta compañía.
Desde Myblu se considera "del todo inadmisible que la principal autoridad sanitaria española confunda a través de una campaña institucional a los consumidores en cuestiones sanitarias sobre datos esenciales. Ni ética ni jurídicamente es admisible que, tras reconocer la falta de rigor, se nieguen a paralizar la campaña o bien rectificarla para subsanar el engaño. Desde la compañía se apela una vez más al deber ético y moral del Gobierno a decir la verdad a los ciudadanos sin la necesidad de llegar al extremo de que sea la Justicia quien obligue a corregir los errores".
