En la provincia de Sevilla fueron identificadas el pasado año 442 mujeres como víctimas de explotación sexual a raíz de las intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil, fruto de 45 inspecciones realizadas en clubes de alterne, según datos ofrecidos este martes por responsables de ambos Cuerpos de Seguridad del Estado.

En una rueda de prensa celebrada en la Audiencia de Sevilla, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, que tiene lugar el 23 de septiembre, tanto la fiscal delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos en Sevilla, Natividad Plasencia, como el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández, han destacado la coordinación de todos los actores implicados --"Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades sociales, administraciones y órganos colegiales, entre otros"-- para combatir esta lacra.

En 2019, la Policía Nacional llevó a cabo 31 inspecciones en locales de alterne en la provincia de Sevilla que se saldaron con 374 mujeres identificadas como víctimas de la explotación sexual --72 de ellas fueron liberadas-- y se desarticularon siete redes dedicadas a la trata de seres humanos, segun datos facilitados por el inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Sevilla, Rafael García. "En lo que llevamos de 2020, se han desarticulado cuatro de estas redes y se han efectuado 12 inspecciones".

Por su parte, la Guardia Civil llevó a cabo en el último año 15 inspecciones a clubes de alterne con el resultado de 68 mujeres identificadas como víctimas de explotación sexual. "Además, en estos momentos, se encuentran en marcha dos operaciones contra la explotación laboral; una relacionada con matrimonios forzosos y otra sobre explotación sexual", ha indicado el jefe de la Comandancia en Sevilla, Luis Ortega.

"Sevilla es una de las provincias donde más se están investigando delitos de esa naturaleza por mera estadística, ya que hablamos de una población cercana a los 2,5 millones de habitantes", ha subrayado Ortega.

Ese incremnto en el número de inspecciones policiales y el cese de actividad de muchos locales de alterne --de los 38 establecimientos censados en 2015 se ha pasado a 18 en 2020-- ha motivado que la explotación sexual se haya trasladado a pisos de particulares, "puesto que el tratante busca cualquier resquicio para poner en marcha esa actividad", ha afirmado Plasencia. En esa línea se ha manifestado el fiscal jefe de Sevilla, quien, además, ha incidido en la influencia que ha tenido el aumento de sanciones a clubes de alterne.

En este sentido, desde la Guardia Civil se ha destacado el hecho de que las inspecciones, además, se estén centrando, de un tiempo e esta parte, en polígonos industriales, caravanas y remolques.

Esta actividad ilícita es "sumamente lucrativa, pues se trata del tercer negocio criminal con más beneficios, por detrás del tráfico de armas y de drogas. En conjunto, "aporta 35 mil millones de dólares al año en todo el mundo y provoca entre 1,8 y 4 millones de víctimas", ha señalado Fernández.

ENTIDADES SOCIALES

Las entidades sociales han destacado, de igual modo, la coordinación entre todas las partes para acabar con esta lacra social y el importante papel que desarrollan estos colectivos. "Las víctimas, en la mayoría de las ocasiones, no conocen los procedimientos ni el idioma, por lo que creamos vínculos de confianza con ellas. Existen, además, muchos espacios en los que tantos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Fiscalía nos permiten estar presentes y ello genera que se sientan seguras", ha asegurado Rocío, de la ONG Villa Teresita.

Durante el estado de alarma no ha parado por completo esta actividad ilícita, "puesto que muchos se han saltado el confinamiento", si bien el cierre de clubes de alterne y de fronteras ha disminuido el tráfico de mujeres destinado a la explotación sexual. "Muchos proxenetas han instado, eso sí, a las víctimas a que se fueran del piso porque les costaba dinero si bien luego han empleado amenazas para que regresaran, una vez levantado el estado de alarma", ha indicado Ana Fernández, de Adoratrices.

Desde Cruz Roja, otra de las entidades sociales que colaboran en este ámbito y representada en la rueda de prensa, ha incidido en la necesidad de trabajar "todos a una" para luchar contra este fenómeno global.

EXPLOTACIÓN LABORAL

En el último año también han aumentado las inspecciones laborales, sobre todo en el ámbito agrario. En este sentido, la Policía, como consecuencia de diversas intervenciones, liberó a un centenar de trabajadores que ejercían una actividad "en contra de su voluntad" y detuvo a nueve personas como supuestos autores de un delito de explotación laboral, tal y como ha afirmado el comisario provincial de la Policía Nacional, Emilio Mateos.

En este apartado, la Guardia Civil ha destacado una operación, de entre las siete realizadas desde 2019 hasta la fecha, en la que fueron liberados 17 víctimas, la mayoría procedente de Moldavia. "A través de una página web captaban a los trabajadores y en connivencia con conductores de autobús venían a nuestro país para un empleo en fincas agrícolas. La organización, compuesta por cuatro integrantes, dos de ellos españoles, fue desarticulada", ha señalado el responsable de investigación Juan Francisco de la Hoz.