Una
veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han estado
registrando durante horas la
sede central de Abengoa en Sevilla, en el complejo de
Palmas Altas, en cumplimiento de un requerimiento de la
Audiencia Nacional.
A las nueve de la mañana y por la puerta de emergencias de la planta segunda del edificio de los servicios centrales, los guardias civiles han entrado en la sede de la multinacional sevillana por orden del
juzgado número 2 de la Audiencia, que es quien lleva la investigación del caso que ha dado origen a este registro. Se trata de una
querella presentada en 2016 contra la empresa y el consejo de administración por presunta falsedad documental. En dicha querella, se acusaba a la empresa y a sus máximos dirigentes de
haber maquillado las cuentas de la compañía.
Los agentes desplazados a Sevilla han centrado sus pesquisas y recogida de información en los
departamentos de auditoría interna y contabilidad. La UCO ha pedido a los trabajadores que dejaran sus puestos y que no tocaran los ordenadores.
Esta operación es un
nuevo mazazo para la plantilla de Abengoa, que ya sufre la
incertidumbre del proceso abierto por el
concurso de acreedores como consecuencia de la
reestructuración de su deuda, de
más de 6.000 millones de euros. Las
presidentas de los comités de empresa de Abenweco1 y Abengoa Energía, Noelia Sánchez y Laura Rodríguez, respectivamente, han reconocido la
"preocupación", tensión y nervios de una plantilla que ya sufre la incertidumbre del proceso abierto con motivo del concurso de acreedores.
Fuentes consultadas de la empresa han aclarado que
este frente judicial ni está relacionado ni afectará al proceso abierto con motivo del concurso de acreedores, y han subrayado que la querella se circunscribe al periodo de la presidencia de Felipe Benjumea. De hecho, Benjumea dejó la presidencia de la compañía en 2016, accediendo en noviembre de ese mismo año a la presidencia Gonzalo Urquijo.
