La calidad democrática en España se deteriora a un ritmo vertiginoso. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, se ha empleado a fondo esta semana acusando a Vox de golpista y la ministra de Igualdad, Irene Montero, también, al poner bajo el foco al Ejército. Pero no cometamos el error de imputarle a Unidas Podemos la responsabilidad exclusivamente. No hay dos gobiernos. Solo hay uno y está empeñado en llevar por la vía de los hechos consumados la liquidación del régimen constitucional de 1978.
El felipismo no deja de ser, seamos francos, un paréntesis en la historia de una formación que quiere una España federal y republicana y que ha encontrado, justo ahora, en plena pandemia, el momento oportuno para avanzar en esa dirección.
El pacto sellado a última hora del sábado entre Pedro Sánchez y ERC para prorrogar el estado de alarma confirma que este Gobierno se entiende exclusivamente con quienes quieren romper España. El presidente no ha hecho esfuerzo alguno para alcanzar acuerdo alguno con los partidos constitucionalistas. Incluso ha desdeñado las buenas intenciones de Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas ha sido despreciado y humillado pese a prestar sus votos para sacar adelante otra de las prórrogas en una maniobra política incomprensible que acabó saldándose con sonoras bajas entre sus filas.
Se da la circunstancia de que Unidas Podemos ha vuelto a solicitar esta misma semana la puesta en libertad de los políticos catalanes que participaron en el golpe de estado encubierto liderado por Carles Puigdemont. Otro sapo que nos tragamos cuando aún digeríamos el respaldo de Bildu, y tan contentos que estaban en el Gobierno, a Pedro Sánchez.
Falta por concretar qué saca de todo esto ERC. Pero sea lo que sea, lo volveremos a pagar el resto de los españoles, especialmente los andaluces, que asistimos atónitos al ninguneo a ratos del Gobierno central o directamente a la arbitrariedad (Granada y Málaga en la fase que no les corresponde).
Sin embargo, lo realmente preocupante esta semana ha sido asistir en directo al descabezamiento de la cúpula de la Guardia Civil por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ex diputado socialista por la provincia de Cádiz no está habilitado para seguir ni un solo minuto más al frente de sus responsabilidades políticas. Pero sigue. Y seguirá.
Tanto PSOE como Unidas Podemos han emprendido una peligrosísima estrategia para socavar la credibilidad y la autoridad de las instituciones del Estado: el Rey, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Justicia. El objetivo último consiste en avanzar hacia otra España, laminando la oposición política, a la que también se cuestiona su legitimidad. Ante esta situación, urge que las formaciones constitucionalistas (y quienes estén con ellos en el PSOE) renuncien a sus intereses partidistas y, con una sola voz, llamen a la movilización de la sociedad civil. De lo contrario, la nueva normalidad será espantosa para los demócratas.
