El Ayuntamiento de Torremolinos sacará a concurso, con carácter urgente, la contratación administrativa de una empresa para cubrir el servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio hasta el 30 de septiembre. Una decisión del equipo de Gobierno actual que llega después de que se diese a conocer el informe de Secretaría General, que arroja su disconformidad con el de pago de las dietas a los voluntarios de protección civil, después de que el pasado 26 de mayo del presente año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictase sentencia contra esta fórmula, iniciada por anterior equipo de Gobierno del PP en 1996, tras una inspección de trabajo realizada por la Seguridad Social en 2013.
El equipo de Gobierno ha aclarado que el servicio mínimo se está prestando ininterrumpidamente de manos de los vigilantes de playa y algunos voluntarios de protección civil, hasta que se adjudique el contrato a la empresa que gestionará este servicio de protección civil. “El servicio no dejará de prestarse en ningún momento, hemos actuado con diligencia y rapidez para solventar una situación heredada que muestra, una vez más, la pésima gestión de los servicios que ha realizado el anterior equipo de Gobierno del PP y que tantos perjuicios económicos está costando a las arcas municipales”, ha asegurado fuentes municipales.
Según los informes realizados por el secretario general y el interventor municipal, el Consistorio no puede realizar pagos a las personas adscritas a Protección Civil, que venían realizando las tareas de salvamento y socorrismo en las playas de Torremolinos desde el año 1996. Concretamente, el interventor ha realizado informe de reparo, posteriormente ratificado por el secretario, afirmando que no se puede reconocer obligación de pago de dietas ni de indemnización por razón del servicio.
Sanción de 126.603 euros
Desde el Consistorio se ha precisado que la Tesorería General de la Seguridad Social había impuesto una sanción al Ayuntamiento de Torremolinos por importe de 126.603 euros por considerar que los voluntarios que prestaban servicios durante la pasada legislatura debían tener alta en Seguridad Social, estableciendo que también debía proceder al pago de 35.758,18 euros por las cuotas de Seguridad Social correspondientes al periodo de junio a septiembre de 2013 de dichos voluntarios.
Igualmente, el Juzgado de lo Social nº 10 de Málaga y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante sentencias dictadas, respectivamente, en noviembre de 2015 y de mayo de 2016, declaran que los socorristas estaban sujetos a jornada y horario, así como que percibían una retribución fija de 40 euros, que excedía del salario mínimo interprofesional, por lo que ambos órganos mantienen que “…voluntariado y remuneración son incompatibles; de modo que, sin perjuicio de que el voluntario sea resarcido de los gastos generados para cumplir su compromiso, aquella relación se caracteriza esencialmente por el compromiso libre y altruista de prestar un servicio de forma solidaria y no retribuida…”.
