Según informa en un comunicado el Grupo Municipal del Partido Popular, en el pasado pleno solicitaron un informe que avalara las ayudas a los empadronados en el Impuesto de Bienes Inmuebles, como se ha hecho por parte del Partido Popular en las últimas legislaturas.
La razón para la solicitud de este informe, fue debido a la sorpresa de la existencia de un decreto firmado por la Concejala de Personal, Carmen García Bernal, en el que se refería a un procedimiento interpuesto por la Abogacía del Estado ante una posible ilegalidad en la ordenanza , información que fue requerida al Concejal de Economía y Hacienda Pedro Pérez en la Comisión Informativa.
Transcurrido una semana y media desde la celebración del pleno municipal, y más de un mes de la Comisión Informativa, la única respuesta por parte del gobierno de Ortiz llega hoy acusando de deslealtad al Partido Popular. El Partido Popular ha solicitado vista de los requerimientos efectuados hechos por la Subdelegación del Gobierno, la Delegación o el Juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre este asunto, ya que el equipo de gobierno no ha informado sobre los trámites realizados en defensa de los intereses de los torremolinenses.
Es por ello que instamos al equipo de gobierno en primer lugar, a que aclare si los empadronados podrán seguir beneficiándose de las subvenciones del IBI que el Partido Popular puso en marcha y sigue defendiendo en nuestro municipio. En segundo lugar, cuáles son los medios puestos en marcha por el gobierno del PSOE para defender los intereses de los empadronados. En tercer lugar, por qué desde el gabinete de prensa municipal se acusa al Partido Popular de deslealtad cuando en el caso en que la ordenanza tenga algún defecto de legalidad, es responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno del Partido Socialista.
Por último, la responsabilidad del Partido Popular, como fuerza política mayoritaria en nuestro municipio, nos lleva a ofrecer nuestra ayuda en la búsqueda de posibles soluciones ya que la experiencia después del análisis y votación del presupuesto municipal, y la posible impugnación de la ordenanza del IBI denotan que el equipo de Ortiz atraviesa por serias dificultades para llevar el impulso económico que un municipio con la importancia de Torremolinos necesita.
