La Guardia Civil ha detenido a ocho personas, una de las cuales ha ingresado en prisión, tras desmantelar una organización dedicada a apropiarse de las herencias de hasta 22 ancianos fallecidos y que llegó a montar empresas y sociedades paralelas para blanquear supuestamente el dinero.
El instituto armado ha explicado que a los arrestados, con 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que podrían pertenecer a los herederos de los fallecidos, se les investiga por delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en Alicante, Valencia y Bizkaia.
La banda, que actuaba como una organización criminal, identificaba a los fallecidos que no contaban con herederos conocidos a través de personas que trabajaban en tanatorios y, posteriormente a la muerte, sustraía objetos de las viviendas en que vivían los fallecidos.
La investigación comenzó en mayo de 2021, cuando, según la Benemérita, los agentes constataron que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa (Alicante) en la que se realizaron reformas y se robaron diversos objetos, entre ellos una motocicleta de alta gama.
En una primera fase, los agentes identificaron a dos miembros del grupo que trabajaban en un tanatorio de la comarca alicantina de la Marina Alta y que, además de robar las joyas, pasaban información para robar en esas mismas viviendas y obtener sus claves bancarias.
Tras asegurarse que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, comenzaban a actuar los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros.
La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros.
Las inmobiliarias, ubicadas en Dénia (Alicante) y País Vasco, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos.
A través de las gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas, por lo que conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y se quedaban así con sus bienes de forma muy económica.
Para evadir impuestos, los hermanos utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades 'offshore' en Irlanda y Malta e incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
El grupo criminal incrementó su actividad delictiva debido al aumento del número de ancianos fallecidos por la última pandemia, a las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos y a la falta de herederos conocidos en otros casos.
Tras acreditar los investigadores la participación de este grupo en la apropiación ilícita de 20 inmuebles con un valor superior a los tres millones de euros y ante el riesgo de fuga de uno de los líderes, el pasado mes de octubre se realizaron siete registros en diferentes localidades de Alicante, Valencia y Bizkaia, en que se detuvo a siete hombres y una mujer.
Asimismo, se han intervenido cinco armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera de criptomonedas, 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.
Hasta la fecha han sido identificados un total de 22 fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal, siendo estos dos de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo gran parte de ellos de herederos conocidos.
No obstante, la Guardia Civil no da por finalizada esta operación ya que no descarta que pueda aumentar el número de afectados.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Denia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de la mujer líder de la banda y ha decretado medidas cautelares para el resto.
