“Ha lugar a proceder contra don Baltasar Garzón”, señala Varela en su escrito, que tendrá como consecuencia la suspensión cautelar del juez, ya que el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé apartar de sus funciones a los magistrados “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, como la prevaricación.
La suspensión debe ser acordada por el Consejo General del Poder Judicial, que examinará el asunto en el pleno que se celebrará el próximo día 22, informaron a Efe fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Lo que Varela notificó ayer en una resolución en la que transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y da diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.
Aunque sólo después de recibir esos escritos llegará el momento de sentar a Garzón en el banquillo o archivar el caso, Varela ya rechazó el pasado 4 de febrero sobreseer la causa al entender que en la actuación del juez concurren todos los elementos del delito de prevaricación, opinión que reitera en el auto notificado ayer.
De hecho, Varela dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado “con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años”.
El magistrado también considera que no es necesaria la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos –que fueron denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS–y deniega todas las solicitadas por Garzón.
Éste puede todavía recurrir el auto de ayer, pero el recurso será examinado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que el pasado 25 de marzo ya mostró su respaldo a la instrucción de Varela y decidió que la causa siguiera adelante diciendo que “ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación”.
Caamaño reitera su respeto a las decisiones del TS y a la presunción de inocencia
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, insistió en la jornada de ayer en su respeto a las decisiones judiciales, así como en la presunción de inocencia, en relación a la próxima decisión del Tribunal Supremo de juzgar al juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo.
Por su parte, Amnistía Internacional consideró ayer “insólito” que un magistrado pueda ser juzgado por buscar “la verdad, la justicia y la reparación” para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
Mientras, los dos sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreas han convocado para la jornada del próximo martes 13 de abril un acto de apoyo al juez Baltasar Garzón que será abierto al público y que contará, entre otros, con la presencia del ex alcalde de Barcelona Pasqual Maragall.
