Es la primera vez en la historia de la Democracia en la que los populares pueden gobernar con mayoría de catorce votos la institución provincial tras los resultados electorales obtenidos el 22 de mayo, que dejaron ocho escaños al PSOE, tres a IU y dos a Unión Cordobesa (UCOR), que también por primera vez obtiene representación provincial.
El líder de UCOR, el empresario Rafael Gómez, popularmente conocido como Sandokán e imputado en el Caso Malaya, ha sido la persona que ha presidido el pleno de investidura, por índice de edad, y quien ha dado el bastón de mando a la nueva presidenta.
Ceballos, natural de Priego de Córdoba, licenciada en Derecho, senadora popular por Andalucía desde 2008, y ganadora de las pasadas municipales en su ciudad de origen, sustituye en el cargo a Francisco Pulido (PSOE), presidente en las dos últimas corporaciones.
En su discurso de investidura, Ceballos, que ha reconocido ser protagonista de un "hecho histórico" al ser la primera mujer en presidir la Diputación, se ha comprometido a "adelgazar" la maquinaria burocrática de la administración administrando "de forma eficaz" los recursos y priorizando "inversiones" con "austeridad".
El portavoz del PP, Andrés Lorite, ha anunciado que su formación pretende "insistir en el reforzamiento" de servicios y departamentos y actuar con "transversalidad" en políticas de empleo y desarrollo socioecnómico.
Desde las filas socialistas, su nuevo portavoz, Salvador Blanco, que ha hecho un ejercicio de autocrítica tras los resultados electorales, ha reivindicado la "autonomía de la corporación" al tiempo que ha dicho sentirse preocupado por políticas que "vayan en detrimento de las arcas municipales".
El portavoz de IU, Francisco Martínez, que ha criticado el rédito electoral obtenido por su formación en cuanto al sistema de reparto se refiere tras los votos conseguidos en la provincia, ha apostado por "políticas sociales" como base de su ejercicio en la oposición.
Desde UCOR, su portavoz, Carlos Baquerín, ha demandando "priorizar" por las necesidades de los 75 ayuntamientos provinciales, "potenciar la economía social" mostrando un especial interés por los sectores "turístico y agroalimentario".
