La Asociación de Abogados del Turno de Oficio en Huelva van a pedir al Colegio de Abogados onubense que se establezca un servicio mínimo de asesoramiento jurídico a presos del Centro Penitenciario de Huelva, realizado de manera voluntaria, después de que el Gobierno andaluz suspendiera oficialmente el servicio de justicia gratuita que se venía prestando debido a una "falta de recursos", un servicio mínimo voluntario que ya se ha puesto en marcha en otras provincias andaluzas.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Felipe Garoña, ha señalado que se trata de acciones 'pro bono', es decir acciones realizadas por el bien público y que no serían para todos los presos, sino para aquellos que estén en "situación perentoria".
En concreto, se trata de la prestación voluntaria de asesoramiento jurídico gratuito en beneficio de personas o comunidades necesitadas, menos privilegiadas, en situación de vulnerabilidad social o marginadas y a las organizaciones que las asisten, así como la prestación de asesoramiento jurídico gratuito en temas de interés público.
En esta línea, Garoña ha hecho hincapié en que "hay internos con una situación jurídica muy grave y sin ningún tipo de defensa profesional". En este sentido, ha explicado que, una vez que comience a funcionar, un número de letrados se turnará para ir a la prisión y atender a los presos.
Por todo ello, ha incidido en que desde la asociación se va a formular esta petición con el fin de que todos los ciudadanos cuenten con el asesoramiento jurídico, a la que "todos tienen derecho".
En otro orden de cosas, Garoña ha enumerado una serie de peticiones que tienen intención de elevar ante distintas autoridades como es el caso de la Subdelegación del Gobierno, a la que propondrán realizar un protocolo de actuaciones con la Policía Nacional y la Guardia Civil con el fin de "mejorar deficiencias y determinados aspectos en la asistencia que reciben los detenidos en los cuarteles".
El presidente también se ha referido al hecho de conocer las actuaciones para poder hablar con el cliente o tener un espacio adecuado para dialogar con el asistido. En este sentido, ha añadido en que los abogados del turno de oficio "son los que están todos los días en las comisarías para atender a los detenidos", no obstante ha remarcado "una actitud muy dialogante" la del subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, en el último encuentro que mantuvieron.
PAGO PUNTUAL
Del mismo modo, ha indicado que han solicitado una cita con el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, que se celebrará la próxima semana, con el fin de reclamar "el pago puntual de sus honorarios", sobre todo porque en muchos casos los abogados del turno de oficio "tienen que costear el servicio desde su propio bolsillo y después lo cobran tarde".
En cuanto al estado de los pagos por estos servicios por parte de la Junta de Andalucía, Garoña ha precisado que en estos días han cobrado el 50 por ciento del cuarto trimestre de 2011, por lo que "todo el año 2011 está cobrado", no obstante ha hecho hincapié "en los meses de retraso acumulados en lo que llevamos de año", así como que su aspiración es "cobrar puntualmente y no tener retrasos".
La Asociación de Abogados del Turno de Oficio nació hace unos meses con el fin de hacer llegar a los ciudadanos la voz de los abogados del turno y defender la asistencia jurídica gratuita como un derecho fundamental porque se trata de un servicio "básico" al igual que la sanidad o la educación, teniendo en cuentan además que respecto al mes de junio de 2011, el número de casos ha aumentado un 72 por ciento.
Respecto al servicio en sí, Garoña ha especificado que no tienen intención de cortarlo y que esta situación sería "la última opción", y ha remarcado que en el caso de que se privatizara el servicio, se trataría de "un ataque a los derechos fundamentales de las personas".
