El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite "por vía de urgencia" la queja presentada por ciudadanos y miembros de la Plataforma por los Servicios Públicos de Economía y Empleo de Sevilla 'Emergencia 35', en referencia al artículo 35 de la Constitución española que recoge el derecho al trabajo, en la que se pide que se medie ante el "desmantelamiento de los servicios públicos, gestionados por el Ayuntamiento de Sevilla, en materia de economía y empleo".
Según han informado a Europa Press los trabajadores y exempleados de la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla que constituyen esta plataforma, Chamizo ha admitido finalmente por vía de urgencia esta queja, avalada por alrededor de 1.100 firmas recogidas en distintos barrios de Sevilla, para que el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y al Gobierno central mantengan los servicios públicos de empleo, formación y promoción económica, dotándolos "adecuadamente en relación al aumento de la demanda experimentado en los últimos tiempos al ser un derecho constitucional".
Así, explican que en dicha reunión Chamizo les comunicó a los asistentes su "preocupación" por la situación expuesta y les manifestó que va a solicitar "urgentemente" al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía información sobre la situación del crédito asignado a cada uno de los programas de formación, economía y empleo, para su posterior valoración y "urgir la puesta en marcha de los distintos proyectos".
En este sentido, desde la plataforma se recuerda que desde enero de 2012, el Consistorio hispalense "no ha iniciado o no dará continuidad, a los programas de escuelas taller y talleres de empleo; al programa acciones experimentales; a Andalucía Orienta; a Experiencias Profesionales para el Empleo; o a la dinamización para el empleo en Polígono Sur y Agentes Locales de Promoción de Empleo. "Estos programas, que en la ciudad de Sevilla, atienden alrededor de 15.000 personas al año, hoy más que nunca son esenciales para la ciudadanía", sentencia.
Subrayan que "hoy más que nunca son esenciales" para el mantenimiento del estatus básico de ciudadanía, por lo que asegura que eliminarlos es "una vulneración grave del derecho fundamental de igualdad en el acceso al trabajo, así como un incumplimiento, por parte de la Administración, en su deber constitucional de remover los obstáculos que impidan o dificulten el pleno ejercicio de este derecho".
La Plataforma 'Emergencia 35', constituida por trabajadores y exempleados de la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, se presentó oficialmente 25 de octubre en una rueda de prensa en la que alertó de la pérdida de más de un centenar de empleos y del "desmantelamiento" de toda la red de servicios públicos de atención a los desempleados de la ciudad, una situación ante la que anunciaron movilizaciones. Así, apuntaban a la "destrucción" de empleo público que genera la "inexistencia" de programas y proyectos, así como la "falta de respuesta política a las necesidades de la población desempleada de Sevilla".
