Representantes de los grupos políticos de la corporación sanroqueña participaron ayer por la mañana en una reunión de la Comisión de Urbanismo, reunida bajo la presidencia del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y en la que se puso sobre la mesa una vez más la polémica del redactor del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, Luis Recuenco.
En dicho encuentro, el primer edil, acompañado por dos técnicos, informó acerca de la remisión al Consejo Consultivo de Andalucía del expediente de resolución de contrato del arquitecto, a fin de que sea este organismo el que se pronuncie sobre el asunto, después de que el voto del concejal socialista Juan José Puerta paralizase el expediente en el último pleno.
En esa reunión, estuvieron presentes, además del primer edil y los técnicos, el concejal de Fiestas, José Antonio Rojas, los representantes del Partido Popular Fernando Palma y José Antonio Cabrera, el concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, el concejal de Contratación, Manuel Melero; y la edil de USR Marina García.
Los representantes del Equipo de Gobierno volvieron a insistir en la idoneidad del despido de Recuenco, después de que en 14 años, y después del pago de un millón de euros al arquitecto, el PGOU no sea aún una realidad.
Reunión
Por su parte, la oposición, conformada por PP y USR, pidieron la celebración de una reunión del arquitecto con la corporación municipal en la que éste pueda dar explicaciones sobre las dificultades que haya podido encontrar para la redacción del documento.
El representante del Partido Popular presente en la reunión Fernando Palma indicó a este diario que “queremos esta reunión con Recuenco y la posibilidad de que él exponga a la corporación los motivos por los que el plan no está en orden”.
Agregó que, acerca de su postura en este asunto, “no se trata de hacer política, sino de atender a los intereses del municipio”, Apuntó que “ha habido circunstancias por lo que se retrasó, pero ahora habrá que ponerlo a exposición pública y contestar las miles de alegaciones que se hicieron”.
Recuenco se defendió de las acusaciones del alcalde de incompetencia en la realización del documento aduciendo que se le había indicado a destiempo la incorporación de más de 5.000 viviendas adicionales, y llegó a acusar al arquitecto municipal de falsear la fecha de uno de sus informes.
