El Tribunal Supremo ha absuelto al exconcejal del PP de Sanlúcar de Barrameda, Rafael Rubio y a José Miguel Barrios, que fue gerente de la empresa municipal de limpieza, Emulisan, sentenciados por la Audiencia de Cádiz por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
El Alto Tribunal ha aceptado los recursos de casación interpuestos por ambos acusados, por lo que anula el dictamen de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y por tanto deja sin efecto la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante tres años e inhabilitación para ejercer como cargo público durante otros siete años. Según la sentencia dictada por la sección cuarta de la Audiencia, ambos cometieron delitos de malversación y prevaricación al acordar una indemnización superior a la estipulada en el contrato de alta dirección que tenía José Miguel Barrios con el Ayuntamiento.
El exgerente debería haber recibido 30.000 euros en este concepto, pero Rubio decidió, a pesar de no tener competencias para ello, indemnizarle con 100.000 euros.
DEFENSA
La juez encargada del caso consideró probado que en septiembre de 2006, y con el ánimo de apoderarse de caudales públicos, Rafael Rubio Cáliz y José Miguel Barrios Ramos, conociendo que conforme a los estatutos de Emulisan, Rafael Rubio no tenía competencia en materia de despidos, sino el Consejo de Administración, firmaron un acuerdo de conciliación. Ahora, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido el recurso interpuesto por ambos acusados y los ha absuelto de ambos delitos. La defensa que han realizado del ex edil del PP el bufete de abogados SVQAbogados, de Juan Manuel Castillo, José Domingo Escolar y José María Ferrero, se ha basado en la ausencia de pruebas y en el desconocimiento sobre la ‘injusticia’, ya que “siguió órdenes de la presidenta”, Laura Seco.
