El expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y patrono de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, Santiago Herrero, se ha desvinculado este viernes de la gestión y desarrollo de la promoción de viviendas protegidas promovidas por dicha Fundación y ha responsabilizado de dicha operación a su antecesor al frente de la CEA, el fallecido Rafael Álvarez Colunga, han informado a Europa Press fuentes del caso.
Herrero ha prestado declaración durante hora y media como imputado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la citada promoción de viviendas protegidas, y a su término ha declinado hacer declaraciones a los periodistas.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, el expresidente de la CEA ha asegurado durante su declaración que desconoce la existencia de retrasos en las obras y de impagos a los contratistas en la citada promoción de viviendas.
Herrero estaba citado inicialmente para prestar declaración en el juzgado el pasado 5 de marzo, pero finalmente no compareció debido a que tenía una cita médica.
Fuentes del caso han precisado que Herrero ha atendido a las preguntas de la defensa, de la juez y del resto de letrados, pero no de los de la acusación. En su declaración, según las fuentes, Herrero se ha definido como "mero patrono" y miembro de dicha fundación, sin ninguna responsabilidad, y ha asegurado que desconocía que la fundación sufriera falta de liquidez, puesto que en las dos reuniones al año no se hablaba de este proyecto.
Herrero ha asegurado que no tenía ninguna relación con las sociedades intermediarias CYR y Dosevi y ha agregado que no tenía información de la situación, puesto que la información de las obras y del proyecto la poseía Álvarez Colunga. Ha recordado que tras el fallecimiento de Álvarez Colunga en 2008, el presidente pasó a ser Juan Salas Tornero y posteriormente fue Antonio Carrillo.
Ha precisado que se ha enterado de los problemas de gestión y de liquidez y de las reclamaciones y cantidades adeudadas a raíz de la denuncia de los empresarios contratistas y las protestas de los adjudicatarios.
Asimismo, ha explicado que la fundación nació desde el principio con la finalidad social de promover viviendas protegidas y ha precisado que dicha fundación no tenía sede social física y que se trabajaba desde los despachos de la promotora Dolmen, empresa que considera solvente, tanto antes como ahora.
Ha resaltado la buena relación con Dolmen, junto a la constituyó una sociedad de inversión o 'sicav' y ha apuntado que cuando falleció Álvarez Colunga, las viviendas protegidas de Isbylia se encontraban construidas al 75 por ciento y ha agregado que él las dejó casi terminadas, al 98 por ciento.
CONCENTRACIÓN DE AFECTADOS
A las puertas del juzgado han acudido representantes de empresas contratistas con pancartas para protestar por los impagos, mientras que algunos adjudicatarios afectados por la no finalización y los retrasos en la entrega de las viviendas acudieron a los juzgados a título personal.
En esta ronda de declaraciones, que abrieron en febrero las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, donde Santiago Herrero y el presidente de la fundación y secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, tenían previsto declarar el 5 de marzo en calidad de imputados, algo que finalmente sólo hizo entonces Carrillo.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
