El exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP) y Casto Pino, el que fuera su concejal de Urbanismo, entre 2003 y 2007, ambos acusados de un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil, y el segundo además de cohecho y de blanqueo de capitales, junto a un socio del exprimer edil A.G.V., también acusado por los mismos delitos que Orta, han manifestado su inocencia durante la última sesión del juicio, que ha quedado este miércoles visto para sentencia.
Cabe recordar que finalmente el delito de falsedad documental no ha sido objeto de este juicio al resolver la sala en cuestiones previas que estaba prescrito, tras solicitarlo los letrados de la defensa, no obstante, la Fiscalía va a estudiar si lo recurre en casación ante el Tribunal Supremo y hacer juicio por este delito en concreto.
Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, las defensas han pedido la absolución de los acusados y han insistido en la nulidad del procedimiento.
Por su parte, tanto Juan Manuel Orta como Casto Pino han hecho uso de su derecho a la última palabra. Así, Orta ha remarcado su inocencia y ha asegurado que este caso "ha afectado" a su honor, a la par que se ha quejado de "la repercusión mediática y del hecho de que se transmita a la opinión pública que está acusado por corrupción cuando sólo está acusado por delito fiscal en 2004". Por todo ello, ha precisado que "ya se siente condenado mediáticamente".
Por su parte, Casto Pino ha insistido en que "ha sido un juicio político que se ha tratado de revestir", manifestando "su inocencia más absoluta", mientras que A.G.V., no ha hecho uso de su derecho a la última palabra.
El pasado lunes el Ministerio Fiscal elevó este lunes a definitivas sus conclusiones sobre las penas que pide para los acusados al entender que se ha producido "una gigantesca y sistemática operación de defraudación a Hacienda".
Para el exalcalde el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio de prisión por ambos delitos y además solicita una multa de más de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
A su vez, para Casto Pino la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para el exalcalde, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.
Para A.G.V., las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son las mismas que para el exregidor, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que Castro Pino indemnice al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF del año 2003 y 2005, que asciende a 512.506 euros; el exalcalde con 146.101,60 euros, que es la totalidad de la deuda por lo defraudado en 2004 y el acusado A.G.V., con 180.826 euros, que es la deuda contraída en este mismo periodo.
ERA "UN CHIRINGUITO"
Antes de que el Ministerio Fiscal elevara a definitivas sus conclusiones el pasado lunes, al igual que el abogado del Estado, ha declarado Rafael Barroso, el empresario que denunció los hechos y exmilitante del PP, el cual aseguró ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva que la gestión del suelo en el Ayuntamiento en aquellas fechas era "un chiringuito y siempre había que pasar por taquilla".
Este juicio, que comenzó el pasado 20 de abril y ha ido celebrándose en sesiones salteadas, pero este miércoles ha quedado visto para sentencia. En la primera sesión, el tribunal declaró nulas las escuchas telefónicas y consideró prescrito el delito de falsedad documental, tal y como solicitaron los letrados durante la exposición de las cuestiones previas.
A su vez, el tribunal rechazó el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal y admitió nuevas pruebas periciales y documentales propuestas por las defensas.
En la siguiente sesión, tanto el exalcalde como el socio, acusado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública, reconocieron que, a través de la empresa, recibían dinero que "no declaraban".
Durante las demás sesiones, tres trabajadoras de la empresa coincidieron en señalar que desconocían el cobro de grandes cantidades en metálico en la empresa. De hecho, una de ellas remarcó que en la oficina existe "una caja con dinero destinado al pago de pequeñas cantidades", así como que no vio "ningún pago en efectivo en billetes de 500 euros".
También prestaron declaración, en calidad de testigos, dos guardias civiles. Uno de ellos, de Vigilancia Aduanera, precisó que en el marco de la investigación hallaron un desfase de 300.000 euros en las cuentas del exalcalde desde 1997 a 2005, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos.
El agente aseguró que esta investigación partió de una unidad combinada entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, a raíz de una petición de auxilio por parte de la Agencia Tributaria para que se investigaran estos hechos.
Así, durante la misma, este agente señaló que desde noviembre de 2006 hasta febrero de 2007, que fue cuando se dictó un auto de incoación de diligencias previas, estuvieron "investigando sin dar cuenta al juez" y fue cuando "se focalizó la investigación en el desfase patrimonial de 300.000 euros entre 1997 y 2005, entre lo que ingresó Orta y su volumen de gastos", etapa en la que tuvieron en cuenta todas las líneas de crédito de las que tenían conocimiento.
INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA
Sobre la empresa, de la que exprimer edil y A.G.V., eran socios, señaló que para analizar su situación se tuvieron en cuenta los balances, los ingresos legales declarados y las operaciones de compra y venta, concluyendo que "generaban bastante dinero en efectivo y que desde 2002 la empresa trabajó y recibió remuneración por parte de personas que no eran clientes y que rezaba como dinero negro".
De igual modo, insistió en que los administradores "retiraban grandes cantidades de dinero para su aprovechamiento personal, un dinero que a veces repartían y otras veces invertían en bienes inmuebles". No obstante, ambos guardias civiles aseguraron que ninguno de los dos son economistas ni contables.
También declaró la mujer de Casto Pino, quien reconoció la posesión de una finca en Alosno y de dos naves en el polígono La Raya, en Aljaraque, que se compraron "con la economía familiar", a lo que añadió que su marido "lleva trabajando 40 años" y que contaban con el sueldo que ella percibe con su trabajo.
La causa comenzó a investigarse a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.
