La APM ha mostrado su satisfacción por el “éxito” de la convocatoria y por el hecho de haber movilizado en solitario a unos 1.500 jueces de toda España que, según manifestó a Efe el portavoz de la asociación, Antonio García, han demostrado que no están conformes con la propuesta para modernizar la Justicia del ministro Francisco Caamaño.
Los datos de la APM, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, difieren de los ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según los cuales un 23,57% de los jueces en ejercicio han secundado la jornada de paro.
Sin embargo, los convocantes no dan credibilidad a estas cifras y las contraponen con las recabadas por la propia asociación, a cuya oficina llegaron ayer más de 1.500 faxes de magistrados comunicando que estaban en huelga.
En cualquier caso, el seguimiento ha sido inferior al de la anterior huelga judicial, el pasado 18 de febrero, cuando el CGPJ habló de un 35,38% (1.635 jueces en paro), porcentaje que los convocantes –la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– elevaron hasta el 60%.
Esta vez también ha sido menor la movilización de los jueces de las grandes capitales, como Madrid o Barcelona; y la huelga apenas ha tenido repercusión en los órganos centrales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde sólo 3 y 2 magistrados, respectivamente, se unieron al paro.
En el resto de España el seguimiento ha sido muy desigual y mientras en algunas comunidades, como Extremadura o Castilla-La Mancha, rozaron el 50%, en otras rondaron el 15%.
Así, según las cifras del CGPJ, en Andalucía, la huelga ha sido secundada por un 20,91%; en Aragón un 24,81; en Asturias un 18,44; en Canarias un 23,96; en Cantabria un 31,43; en Castilla-La Mancha un 48,34; en Castilla y León un 21,05% y en Cataluña un 15,73.
En Valencia ha sido seguida por el 39,82% de los jueces; en Extremadura un 50%; en Galicia un 30,38%; en Baleares un 27,72%; en La Rioja un 40%; en Madrid un 16,12; en Murcia un 22,13; en Navarra un 15% y en País Vasco un 24,85.
Después de la huelga, la estrategia del CGPJ seguirá siendo la misma: “Trabajar por y para la Justicia”, según dijo la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo.
Sin embargo, la APM cree que el “elevado nivel” de seguimiento corrobora el descontento generalizado en el colectivo judicial “ante la insuficiencia de medios y carencias endémicas en el ejercicio de la función jurisdiccional” y espera una reacción del Ministerio de Justicia, que sigue destacando que la convocatoria “carecía de todo fundamento y justificación”.
En este sentido, el departamento de Francisco Caamaño hizo hincapié en que la mayoría de los jueces españoles no han secundado el paro.
“Frente al ejercicio responsable de la gran mayoría de los jueces de este país y del resto de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, una minoría de jueces no ha ido hoy a trabajar movidos por la convocatoria en solitario de la APM, que el CGPJ ha calificado de alegal”, aseguraba el Ministerio de Justicia en un comunicado.
El PSOE dice que los convocantes “están solos”
Madrid
El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, comentó que el “escaso seguimiento” de la huelga demuestra que los convocantes “están solos y aislados” y que no existía ningún motivo para este paro “impresentable”.
Cuesta resaltó en un comunicado que la huelga no ha sido secundada por el resto de las asociaciones judiciales y, además, fue desautorizada, “como inconveniente e injustificada, por la totalidad de las fuerzas políticas parlamentarias”.
En su opinión, “el aislamiento y el fracaso” del paro pone de manifiesto “la sinrazón del mismo, porque no existía motivo alguno”.
Después de asegurar que “no se entiende la actitud intransigente de la APM, que de forma unilateral y solitaria convoca un paro impresentable”, Cuesta considera que, “con esta desleal actitud”, los convocantes se invalidan como interlocutores, “pues surgen dudas más que razonables sobre su lealtad institucional”.
“Afortunadamente, la mayoría de los jueces y magistrados de España, han mostrado, no secundando la huelga, un gran sentido de la responsabilidad y de respeto a la ciudadanía”, concluyó.
A este respecto, recordó que los Presupuestos Generales del Estado para 2010 destinan más de 1.805 millones de euros a la Justicia, lo que supone un aumento 13,7%, lo que les convierte en las cuentas más altas para la justicia de toda la historia de la democracia.
También recordó la reciente aprobación del Plan de Modernización de la Justicia, dialogado y consensuado con más de 100 entidades y colectivos, con las asociaciones profesionales, con las comunidades autónomas, con el Consejo del Poder Judicial y con las fuerzas políticas parlamentarias.
Igualmente, resaltó el alto consenso parlamentario logrado con la aprobación del proyecto de ley de reforma procesal para la implantación de la oficina judicial, que recoge muchas de las reivindicaciones de distintos colectivos de la justicia y garantiza una justicia ágil y moderna al servicio de los ciudadanos. Por todo, Cuesta se preguntó si la huelga era “para cogerse un puente” o si los convocantes pretenden enseñar “los dientes y las puñetas”.
“¿Es acaso un pulso o un chantaje al Parlamento, al Gobierno, a las comunidades autónomas y al Consejo General del Poder Judicial?”, inquirió.
El TSJA cifra el seguimiento en un 20,9% en Andalucía
Sevilla/Granada
Un total de 174 de los 832 jueces y magistrados de la Comunidad Autónoma secundaron ayer los paros convocados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), lo que se traduce en un 20,9% de seguimiento, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), aunque la asociación convocante sitúa el seguimiento en un 35,2%.
Según el TSJA, que hizo el recuento de los que no han asistido a su despacho, Córdoba fue la provincia andaluza con un mayor porcentaje de jueces y magistrados en huelga, con un 37,5%, con 24 de los 64 de su partido judicial. Le siguen las provincias de Málaga, con 60 de sus 165 en paro, lo que supone un 36,3%; Almería, con un 24,5% de sus jueces en huelga (14 de 57); y Sevilla, con un 23,3%, puesto que 45 de sus 193 jueces y magistrados se han sumado a la protesta.
En Jaén 12 de sus 53 jueces secundaron la protesta, un 22,6%, y ya, muy de lejos, se sitúan Ceuta (con 2 de sus 16 en huelga, un 12,5%), Huelva (con 5 de 45, un 11,1%), Granada (con 6 de 109, 5,5%), Cádiz (con 6 de 114, 5,26%) y Melilla (con 0 de 16, 0%).
Por su parte, el portavoz de la APM a nivel nacional, Antonio García, señaló en declaraciones a Europa Press que la protesta fue secundada por 293 de los jueces y magistrados de la región andaluza, por lo que hizo una valoración “extraordinariamente positiva” del seguimiento de la huelga. Para García, un “altísimo” porcentaje de jueces y magistrados andaluces “han mostrado su insatisfacción con la propuesta de reforma y modernización” realizada por Justicia.
Los datos aportados por el TSJA, en los que no se incluyen aquellos magistrados y jueces que, aunque invocando secundar la huelga, han asistido a sus destinos y han permanecido en sus puestos de trabajo, son incluso inferiores a los que el TSJA dio por válidos en la protesta del pasado 18 de febrero, en el que el seguimiento se situó en un 27,5%.
Las cifras de seguimiento difieren mucho de las ofrecidas por los jueces a nivel provincial, puesto que en Huelva el 70,8% de los jueces se han sumado a los paros, en Córdoba el 61,8%, en Almería el 60%, y en Cádiz y Granada (unipersonales) más de un 50%, en Málaga del 47% y entre los jueces y magistrados de Sevilla ha sido del 37,7%.
