Así lo informó ayer en una nota la asociación de defensa de los conductores Dvuelta que en enero de 2006 interpuso un recurso contra el conocido multazo que establecía subidas superiores al cincuenta por ciento en la mayoría de las sanciones de circulación.
La sentencia del TSJM, de 18 de junio de 2009 y que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, estima este recurso y declara que el Decreto municipal de 3 de noviembre de 2005 “vulnera el principio de jerarquía normativa y el de proporcionalidad”.
Representantes de Dvuelta han presentado a la prensa esa sentencia que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en enero de 2006.
La asociación ha comprobado que el Tribunal le da la razón en su argumento de que la ordenanza “vulnera el principio de legalidad en cuanto que las sanciones impuestas superan cuantitativamente el importe” previsto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 1990.
La sentencia examina la ordenanza municipal y advierte “claramente” que se infringe el principio de jerarquía normativa “pues establece una cuantía fija para cada tipo de infracción sin tener en cuenta que la ley establece un margen o recorrido de la sanción”.
El fallo es recurrible ante el Tribunal Supremo, aunque la asociación demandante DVuelta considera que “millones de multas” podrán ser recurridas alegando la jurisprudencia de la resolución judicial.
