Durante el encuentro, según Villalobos, “seremos informados sobre la documentación necesaria que deberemos presentar para que la consejería siga estudiando el pago de la deuda que falta por abonar, que puede rondar los 45 millones de euros”.
Por tanto, la portavoz de los depositarios aseguró que, por el momento “no optaremos por sacar a la calle los vehículos decomisados que están en nuestras naves” porque “cada vez que estamos a punto de tomar esa decisión, nos dan un atisbo de esperanza de cobro”.
Según Villalobos, “ahora consideramos que es necesario agotar la vía de la negociación” con la Junta de Andalucía “antes de tomar otras decisiones, para no tener que esperar durante cinco años la resolución de un contencioso” con la administración autonómica.
En cualquier caso, la portavoz de los depositarios judiciales considera que “parece que ahora hay interés por negociar, aunque hay que reconocer que toda la tramitación se está realizando con mucha lentitud”.
Como informó este diario, los cuatro depositarios judiciales que operan en la comarca tomaron la decisión, el día 1 del pasado mes de agosto, de no recepcionar más vehículos en sus naves, ante el impago de sus honorarios por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Algunos de los vehículos que están almacenados datan del año 1990.
