Almería

CCOO pide al Gobierno un plan contra el fraude en el campo para evitar la pérdida de 54 millones de euros

El sindicato ha indicado que la tasa de fraude para el campo almeriense se sitúa en el 52 por ciento

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CCOO ha presentado este miércoles ante la Subdelegación de Gobierno de Almería el informe elaborado por el propio sindicato en el que cifra en 54 millones de euros la pérdida anual de la caja única de la Seguridad Social debido a los más de cinco millones de jornales que no se declaran en el campo almeriense, motivo por el que ha pedido un plan de lucha contra el fraude para atajar esta situación.

   En una nota, el sindicato ha indicado que la tasa de fraude para el campo almeriense se sitúa en el 52 por ciento; una cuestión de a juicio del CCOO debería motivar un plan integral que incluyera actuaciones en materia de información, sensibilización ciudadana, control y persecución del fraude.

   El secretario general de Agroalimentaria en CCOO de Almería, Francisco Javier Castaño, ha presentado ante el registro de la Subdelegación los datos de este estudio que cruza los datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura. En él, se establecen los jornales por hectárea de ocho de los cultivos bajo plástico más importantes de la provincia con las superficies de estos cultivos.

   El resultado arroja la cifra de 5.043.431 jornales que "no se declaran anualmente en el campo almeriense". "Este fraude supone que se dejen de pagar por parte de los empresarios almerienses la cantidad de 270.621.214 euros al año y que la caja única de la Seguridad Social deje de ingresar 54 millones de euros anuales", han apuntado.

   Junto a la entrega del estudio, CCOO ha solicitado a la Subdelegación que impulse la puesta en marcha de un plan de actuación integral de lucha contra el fraude, que debe incluir también acciones en materia de cotización a la Seguridad Social y relativos al fraude fiscal, así como una mayor implicación y apoyo de la Guardia Civil a la hora de ejercer controles.

   Según Castaño, "estas inspecciones nos darían un mapa del fraude real y permitirían requerir a las empresas, donde el fraude sea evidente, su paso por las dependencias de la Inspección de Trabajo para justificar sus datos, y en caso de no quedar contrastado proceder a la correspondiente sanción".

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