El equipo de gobierno de Diputación de Cádiz ha planteado en el Pleno de la institución provincial una iniciativa para ofrecer a la Junta de Andalucía las viviendas vacías de las diferentes promociones gestionadas por la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo. El responsable de esta sociedad pública, el diputado provincial Antonio Saldaña (PP), ha propuesto alcanzar un convenio con la Junta de Andalucía que traslade a dichos inmuebles las mismas condiciones económicas reguladas en el reciente Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, "sin necesidad de expropiar".
En concreto, según ha informado la Diputación en un comuincado, desde el ejecutivo que preside José Loaiza se propone a la Junta, y durante un periodo de tres años --análogo al plazo de las expropiaciones temporales establecido en el Decreto Ley-- el pago anual del dos por ciento del valor de tasación de las viviendas promovidas por Diputación que no estén habitadas, en concepto de indemnización por la ocupación de los inmuebles. Tal como establece la norma autonómica el inquilino, en la parte del alquiler que le correspondiera, "nunca pagaría más del 25 por ciento de la renta familiar".
Saldaña valora esta propuesta al entender que "prescinde de las expropiaciones, agiliza la ocupación de las viviendas y sitúa la solución en un común acuerdo entre administraciones públicas". En estos momentos unas 50 viviendas protegidas, de diferentes promociones de Diputación, pueden ser habitadas conforme a este planteamiento, apunta.
En la sesión plenaria el presidente de Diputación, José Loaiza, defendió los beneficios de la propuesta e indicó que "se adelanta incluso a las iniciativas que pueda concretar la Junta de Andalucía sobre su propio parque de viviendas públicas".
La propuesta del gobierno provincial se ha conocido en el curso de un debate plenario en el que IU y PSOE defendieron dos iniciativas en este mismo ámbito: IU solicitó a Diputación su colaboración para "desarrollar actuaciones conjuntas" que garanticen la función social de la vivienda, mientras que el grupo socialista propuso "una fórmula" que permita que todas las viviendas de Diputación "puedan salir al mercado de alquiler".
