Campo de Gibraltar

El Ayuntamiento de Algeciras lamenta que la Junta rechace el plan de usos del Club Hípico Botafuegos

Desde el gobierno municipal han anunciado que se va a dar batalla jurídica, en este y en el resto de frentes abiertos con la administración autonómica, fundamentalmente en temas medioambientales.

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Los tenientes de alcalde de Urbanismo, Diego González de la Torre, y de Hacienda, Luis Ángel Fernández, han comunicado esta mañana en rueda de prensa que la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha informado negativamente el plan de usos del Club Hípico Botafuegos, paso previo para intentar lograr la legalización de las instalaciones.
González de la Torre manifestó que, a su juicio, en la Junta se ha producido algún error de interpretación, por cuanto no se ha solicitado la legalización del club hípico, sino solo la admisión de los usos, y aseguró que éstos son plenamente compatibles con la calificación del suelo donde se ubican. “Son instalaciones con uso de interés público y social, tal y como han sido declaradas por el pleno municipal, y vinculadas a valores propios como se requiere, ya que no hay otro tipo de suelos en los que ubicar una actividad que se dedica a la hípica”, indicó el delegado. Por ello, anunció que el equipo de gobierno tiene la intención de presentar un recurso, que en este momento estudian los servicios jurídicos municipales.
De igual manera se expresó Luis Ángel Fernández, quien dijo que este pronunciamiento de la Junta supone una mala noticia para los ciudadanos, porque el poder contar con unas instalaciones hípicas como las de Botafuegos supone grandes beneficios sociales y económicos para Algeciras.
Fernández dijo no entender la posición de la Junta, de la misma forma que tampoco entendió ni compartió la del equipo de gobierno anterior, aunque aclaró que su deseo no es el de confrontación sino de entendimiento y colaboración.

No obstante, adelantó que desde el gobierno municipal se va a dar batalla jurídica, en este y en el resto de frentes abiertos con la administración autonómica, fundamentalmente en temas medioambientales, porque el rechazo del plan de usos es difícilmente explicable desde el punto de vista jurídico. “Vamos a tratar de que se rectifique esta decisión, porque no queremos pensar que detrás de ella pueda haber otras connotaciones diferentes al interés ciudadano”, concluyó Fernández.

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