La Junta de Andalucía, una vez reciba la solicitud anunciada por la patronal Comercio Córdoba pidiéndole que intervenga la Cámara de Comercio e Industria, abrirá "un expediente informativo", para determinar si se dan las "causas excepcionales" que llevarían a la Junta, dado que tiene la tutela administrativa sobre la Cámara, a intervenir la entidad.
Así lo ha dicho, en declaraciones a los periodistas, la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta, María de los Santos Córdoba, tras asegurar que aún no ha recibido tal petición de Comercio Córdoba, que estaría justificada, según dicha patronal, después de que en el Pleno de la cámara celebrado este martes, el presidente de la institución cameral, Ignacio Fernández de Mesa, haya provocado "un truncamiento democrático, similar a un golpe de estado, en la entidad, al impedir las preguntas sobre las informaciones aparecidas" sobre un presunto uso abusivo e inadecuado por su parte de los fondos de la corporación, y al haber planteado una moción de confianza, una figura que no se contempla en la normativa vigente.
Ante esto, Córdoba, tras aclarar que se ha enterado por los medios de comunicación sobre lo ocurrido en el pleno, ha señalado que "hay dos posturas muy encontradas", pues "fue un pleno muy tenso", pero, en cualquier caso, cuando reciba oficialmente de Comercio Córdoba la petición de intervención, será estudiada por la Junta, aclarando la delegada que para que ésta intervenga se tienen que dar "unas condiciones muy tasadas por la ley y, sobre todo, muy marcadas por la excepcionalidad".
Mediante el expediente informativo recabará la información sobre este asunto, hará un análisis y luego, "si se dan estas condiciones excepcionales que marca la ley, pues entonces se verán las posibilidades que tiene la Junta de Andalucía de intervención".
Córdoba ha detallado que las condiciones excepcionales que avalarían que la Junta interviniese pasan por "una situación de ingobernabilidad en la cámara, porque su presidente haya dimitido o bien porque no esté operativo una parte del pleno, que es el órgano superior y que decide, o también porque se estén dando condiciones que contravengan la normativa vigente".
En cuanto la supervisión de las cuentas, que le corresponde por su condición de administración que tutela la entidad, la delegada ha recordado que se hacen auditorías, lo cual es preceptivo para que la Junta le dé el visto bueno a los presupuestos camerales.
