La Fiscalía Superior de Andalucía avala que la Junta de Andalucía pueda personarse de oficio en las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil, sin necesidad de que sea obligatorio el permiso de los familiares de las víctimas como hasta hora, una posibilidad que se incluirá en la próxima Ley de Memoria Democrática que prepara la Junta de Andalucía y que estará lista "en unos meses".
Así lo ha señalado a los periodistas el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, que se ha reunido este jueves con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para trasmitirle la intención del Gobierno andaluz de recoger en ese marco legislativo los derechos de las víctimas, con los principios de "verdad, justicia y reparación".
Según Naranjo, el fiscal ha hecho "aportaciones valiosas" que se tendrán en cuenta para elaborar la Ley, "en la medida de lo posible", y ha incidido en que en el marco andaluz, pese al techo "competencial" que establece la Ley de Memoria Histórica estatal y la Ley de Amnistía, "se pueden hacer muchas cosas" en el "reconocimiento del sufrimiento de las víctimas", contemplando su derecho a la reparación histórica, social y económica, e impulsando los procesos exhumatorios.
"El marco legal es una herramienta fundamental para conocer la verdad histórica" de lo que ocurrió desde la Guerra Civil y la República hasta la Transición, porque, en opinión del director general, establece "garantías jurídicas y metodológicas".
La Fiscalía tendrá que hacer ahora una informe al respecto que no será vinculante pero que sí será tenido en cuenta por la Junta de Andalucía en lo que a aspectos técnicos de la futura Ley y el reglamento se refiere. "Yo creo que las sugerencias que puedan hacerse no van a afectar a lo sustancial de la Ley, y a la intención política", ha dicho Naranjo, que asegura que en torno a la Memoria Democrática se pueden hacer muchas cosas que "no cuesten dinero".
"La memoria tiene un carácter simbólico y un carácter jurídico legal que fundamentalmente consiste en voluntad política, en apoyar a las víctimas donde se producen las exhumaciones, en estar presentes en cualquier tipo de actos públicos y de jornadas que cuenten la verdad, en potenciar la cuestión educativa, o la misma ley. Hace falta dinero, pero muy poco. Afortunadamente, por la crisis económica que tenemos, no va a suponer grandes inversiones", ha indicado el director general, que apuesta por el uso de los recursos públicos, como los de la Universidad, para los análisis de ADN o la geocalización de las fosas con georradar.
Por otra parte, Naranjo entiende que la Junta de Andalucía puede personarse de oficio en los procesos exhumatorios en tanto que representa en la Comunidad Autónoma al Estado, "que es el garante último de los derechos de las víctimas, no podemos privatizar esos derechos".
Una de las fosas en la que la Administración Autonómica podría actuar de oficio sería la del Barranco de Víznar, en Granada, donde se cree que hay enterradas miles de personas, aunque en un futuro. La fosa, que será visitada este mismo jueves por Naranjo, tras reunirse con el rector de la Universidad de Granada (UGR) y el alcalde de Víznar, Luis Antonio Pérez Sánchez (IU), "debe ser conocida", con la relación nominal de las personas que allí fueron fusiladas, y en un futuro "exhumada".
Además, el director general pretende extender la declaración de 'lugar de memoria' a más enclaves del paraje, unido por la carretera que circula entre Víznar y Alfacar, y que alberga los restos del poeta Federico García Lorca, y promover un "itinerario de la memoria" entre todos los escenarios significados durante la Guerra Civil y símbolos de la represión franquista.
